Reservé esta entrega para comentar el V Informe Presidencial, en especial las alusiones a la educación superior. Sin embargo, el titular del Ejecutivo optó por entregar el informe escrito y leyó un discurso sobre la democracia, con algunas menciones a la obra global de su gobierno. ¿Dónde está el informe? -preguntaban diputados al final de la ceremonia. Pero nada, a leer el documento escrito y el anexo si queremos enterarnos, como dice la Carta Magna, “del estado general que guarda la administración pública del país” (Art. 69).

El reporte sobre educación superior forma parte del primer capítulo del texto. Entre otros temas, se abordan los de financiamiento, cobertura, programas de aseguramiento de calidad, e innovaciones en los sistemas de escuelas normales y educación superior tecnológica. Consideración aparte merece el rubro “apoyos para la continuidad de estudios”, que incluye el catálogo de becas patrocinado con fondos públicos, incluso las otorgadas a mexicanos por gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

A diferencia de otros años, el informe es parco en apreciaciones y juicios de valor. El documento, con las actualizaciones del caso, replica el contenido del más reciente Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y se apega al formato de objetivos y metas. Tanto el informe como el anexo abundan en datos y obligan a una lectura cuidadosa para inferir observaciones sobre la ruta de política educativa seguida en la actual administración.

En materia de financiamiento, lo primero que sobresale es que las cifras de gasto público para 2005 consignan el monto aprobado por el Congreso en el PEF del año. A finales de 2004 los diputados autorizaron 351,971.4 millones de gasto federal educativo, posteriormente la presidencia opuso una controversia que afecta parte de ese presupuesto, concretamente los recursos extraordinarios asignados a universidades públicas. El asunto no está resuelto, pero el informe, en lugar de restar las partidas impugnadas, considera todo lo aprobado, quizás por ser la cifra más favorable (cfr. Informe, pág. 9 y Anexo pág. 38).

El informe busca demostrar una tendencia creciente de gasto educativo. Pero, en cuanto a educación superior, la información del anexo muestra más bien un perfil de crecimiento discreto y en algunos aspectos un estancamiento. El comportamiento del gasto en relación al PIB apunta en esa dirección. En 2000 la proporción entre gasto público de educación superior (40,339 millones de pesos) y PIB (5.491,708 millones de pesos) equivalía a 0.73 por ciento. En 2005 la estimación de gasto educativo superior (65,492 millones de pesos) entre el PIB también estimado (8.074,121) resulta en una proporción de 0.81 por ciento. Es decir, un aumento de ocho puntos en lo que va del sexenio, que mantiene lejana la meta del Programa Nacional de Educación: “lograr que se incremente anualmente el financiamiento a la educación superior hasta alcanzar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto en 2006.” (PNE, pág. 216). A menos, claro, que se sume el gasto privado.

El gasto público por alumno refuerza la tendencia. Al respecto, el informe ofrece un dato curioso “en 2005, se destinó (un) gasto público por alumno a la enseñanza superior (de) 45.6 miles de pesos” (pág. 10). La cifra resulta de dividir el estimado de gasto 2005 entre la matrícula de licenciatura en instituciones públicas del ciclo 2004-2005 (1.425,480 estudiantes). Pero, si se agregan los estudiantes de educación normal y postgrado del mismo año -lo que tiene sentido al considerar que ambos sistemas son también destinatarios del subsidio gubernamental- entonces el per cápita retrocede a 40.7 miles de pesos, sencillamente porque la base de cálculo se amplía a los 1.604,142 individuos del sistema público. Además, si se descuenta la inflación en el indicador per cápita se confirma la hipótesis del estancamiento. A valores constantes de 1993 (año base sugerido en el informe para el cálculo de valores constantes) el gasto por estudiante en 2000 equivale a 8,481 pesos, mientras que en 2005 a 8,547 pesos, o sea una diferencia de 66 pesos por cabeza.

También el cálculo de cobertura deja a desear. Según el informe, “durante el ciclo 2004-2005 se atendió a una población de 2,384.9 miles de jóvenes (...) Este esfuerzo ha permitido que actualmente se tenga una cobertura de 23.1 por ciento del grupo de población de 19 a 23 años” (pág. 13). Tal porcentaje resulta de dividir la matrícula total de educación superior entre los 10.301,520 jóvenes en el rango de edad indicado según la proyección CONAPO para 2005. El problema está en que la población escolar base del cálculo incluye a 151 mil estudiantes de postgrado, cuya gran mayoría, si no es que la totalidad, cae fuera del rango del indicador. Al restar la matrícula de postgrado, el dato demográfico retrocede a 21.7 por ciento e indica, en una aproximación más realista, la proporción de jóvenes entre 19 y 23 años en programas de educación normal, técnico superior y licenciatura. Conviene recordar que en el PNE la meta respectiva establece, literalmente, “lograr que en 2006 la matrícula escolarizada de técnico superior universitario y licenciatura represente una tasa de atención de 28% del grupo de edad 19-23 años” (PNE pág. 203).

Al lado del dato de cobertura, la mayor presión sobre el sistema de educación superior la ejerce el ciclo escolar previo. Sobre este punto, el informe no dice gran cosa, pero sí la información del anexo. En éste (pág. 49), se consigna un número de egresados de media superior en 2000 de 688,385 y un estimado de 879,969 para 2005. La media anual de crecimiento del egreso equivale a 5.1 por ciento, tasa que supera el crecimiento global de la matrícula de educación superior del mismo periodo (3.6 por ciento), es decir el crecimiento anual de la matrícula de educación normal y licenciaturas en instituciones públicas y particulares. Esta diferencia de velocidad implica la tendencia, también consignada en el anexo, hacia una progresivamente menor tasa de absorción de los egresados de media superior. En 2000 la proporción entre el egreso del bachillerato y el primer ingreso al nivel superior fue 87.2 por ciento, mientras que el estimado 2005 sólo 78.9 por ciento, lo que implica un déficit de más de ocho puntos en el sexenio (págs. 60 a 65 del Anexo).

Total, andamos fallos en financiamiento y cobertura. Pero hay más observaciones, las dejamos para la próxima semana.