Gracias a las notas de Nayeli Roldán, publicadas en este diario la semana pasada, pudimos conocer el punto de vista de la autoridad educativa federal acerca de la opción de obligatoriedad de la enseñanza media superior (EMS), tema recientemente abierto por legisladores de varios partidos. El punto de vista de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es claro aunque matizado: la capacidad actual del sistema, incluyendo a las instituciones del sector privado, resulta insuficiente para asegurar espacio a toda la demanda; la expansión requerida implica una estrategia de crecimiento gradual y, por lo tanto, aun siendo deseable esta opción, no parece viable a corto plazo.

Al ser entrevistado el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, afirmó que “primero debería crearse la infraestructura suficiente (…) y luego reformar el artículo tercero constitucional, para que realmente tenga incidencia”. Sin embargo, el objetivo de la obligatoriedad de la EMS, desde el punto de vista del subsecretario, es importante e, incluso, necesario, pues “apuntaría a una transformación del país que le permitiría competir mucho mejor en los mercados mundiales” (MILENIO, 25/01/07). En resumen, primero deben crearse las condiciones que aseguren una oferta cuantitativamente suficiente y de calidad adecuada, y posteriormente plasmar en ley el carácter obligatorio del nivel.

Por su parte, la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, añadió a los señalamientos del subsecretario Székely: “La reforma al artículo tercero invita al debate, y si realmente creemos que la agenda educativa es corresponsabilidad de la comunidad, no la descartaría de entrada” (MILENIO, 26/01/07). La afirmación de Vázquez Mota puede interpretarse como de apertura a la revisión y discusión del tema, la cual es sin duda una actitud positiva para abrir cauces al entendimiento de los poderes sobre el tema. Pero es también una afirmación poco feliz: la SEP, como tal, no tiene facultades para “descartar”—o para “no descartar”— lo que los legisladores decidan. Ésa, la facultad de veto, es exclusiva del presidente. La SEP podría, en todo caso, apoyar o dejar de hacerlo, la iniciativa de reforma legal.

También se recogió el punto de vista de Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados, uno de los más activos impulsores de la medida. El diputado federal (PRD), quien entre otros cargos en la Universidad de Guadalajara ocupó el de director general de educación media superior, informó que “el cabildeo de la reforma marcha bien, sobre todo porque se blindarían los cambios”. Además, manifestó coincidencias con el subsecretario Székely: “La reforma es inviable si queremos aplicarla de un día a otro, pero si la planeamos para cinco o seis años, puede tener buenos resultados” (MILENIO, 26/01/07).

Este intercambio de declaraciones tiene como referente la propuesta de reforma al artículo tercero de la Constitución elaborada por el Subgrupo de Derechos Sociales del Grupo de Trabajo de Garantías Sociales, que es uno de los cinco grupos de trabajo en que está organizada la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA). El subgrupo está integrado por once legisladores, tres de ellos senadores y nueve diputados. El PAN, PRI, PRD y Panal cuentan con dos representantes y Convergencia, PT, PVEM, con uno.

De las propuestas originalmente remitidas por los partidos a la CENCA, solamente las del PRD, PRI y Panal establecían la opción de incorporar al artículo tercero la obligatoriedad de la EMS. No obstante, en el informe de trabajo del Subgrupo se indica: “Desde el inicio (…) se definió que el tema educativo sería el primero a tratar con base en su relevancia y a las probables coincidencias que suscitaría”.

El texto presentado al Grupo de Trabajo de Garantías Sociales el 14 de enero pasado propone, entre otros cambios al artículo tercero constitucional vigente, la siguiente redacción: “La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. El Estado determinará los lineamientos y criterios generales para garantizar que se imparta y evalúe con las más altas normas de calidad”. Además, se indica que el Ejecutivo federal se encargará de determinar los planeas y programas de la EMS excepto en “las instituciones a las que la ley otorga autonomía, de acuerdo con la fracción VIII del presente artículo.”

Una vez que la Comisión Ejecutiva, previa revisión de la Comisión Redactora, apruebe el contenido de las propuestas, éstas deberán ser remitidas al Congreso para iniciar el proceso legislativo correspondiente, tal como está indicado en el “Manual de procedimientos de las subcomisiones y de los grupos de trabajo” de la CENCA. Es decir, que falta todavía un trecho importante por recorrer para que la iniciativa de la obligatoriedad de la EMS se perfile en el horizonte de lo factible.

Hay, por lo tanto, tiempo y espacio de negociación como para que la SEP establezca un canal de diálogo con los legisladores, en el cual sería desde luego recomendable incluir el punto de vista de los actores educativos, con el fin de revisar el tema y, en el mejor de los casos, coincidir en una propuesta. Aprovechar la coyuntura para acercar lo deseable a lo factible, de eso se trata. pC