¿Es viable y representa una solución a la problemática de la educación media en México la obligatoriedad del bachillerato? Las posibilidades de abordar seriamente la cuestión son múltiples, porque hay aspectos educativos, sociales, financieros y políticos imbricados. Seguramente, en los próximos meses y años, el tema concentrará parte importante de la discusión sobre las opciones de renovación de la educación media en México. En el contexto de ese debate parece oportuno acercarse a la experiencia internacional, al menos la desarrollada en el área Iberoamericana. Revisemos para comenzar el caso de España.

Cabe la aclaración preliminar de que en España la obligatoriedad de la enseñanza media no comprende todos los años de los que en México denominados educación media superior. Se trata de una Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de cuatro años posteriores a los seis de primaria. No obstante, el caso es, sin duda, interesante porque anticipa problemas cruciales en la discusión de una eventual educación media de carácter general y obligatorio.

De 1990 a la fecha se han desarrollado sucesivamente tres proyectos. El primero proviene de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), aprobada en octubre de 1990; el segundo está contenido en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, y el tercero viene de la Ley Orgánica de Educación de 2006.

La LOGSE instauró la secundaria obligatoria con el fin de concretar las garantías educativas incorporadas en la Constitución de 1978, y para acercar la estructura y funcionamiento del sistema educativo español a los de otros países europeos en el marco del programa comunitario. Antes de esa ley, la Educación General Básica (EGB) se distribuía en ocho años escolares ordenados en tres ciclos, el primero de dos años, y el segundo y tercero de tres. Al concluir la EGB los estudiantes podían optar ya fuera por el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o bien por una opción de formación profesional (FP).

La reforma LOGSE reestructuró el ciclo básico-obligatorio para comprender seis años de educación primaria, segmentados en tres periodos bianuales, así como cuatro años de educación secundaria obligatoria (ESO), previstos para el periodo de doce a dieciséis años. La adición de dos años más a la educación obligatoria implicó una serie de cambios que abarcaron el campo del currículum, el de la organización y la cultura escolar, y a la postre el de los resultados y desempeños educativos.

Uno de los cambios más significativos provino de la modificación del perfil profesional exigido a los profesores de la ESO. La norma determinó que “la educación secundaria obligatoria será impartida por licenciados, ingenieros y arquitectos o quienes posean titulación equivalente a efectos de docencia. En aquellas áreas o materias que se determinen, en virtud de su especial relación con la formación profesional, se establecerá la equivalencia a efectos de la función docente, de títulos de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Diplomado Universitario". (LOGSE, artículo 24). Además de ello, el profesor quedaba sujeto a la obligación de acreditar un mínimo de calificación docente certificada por al menos un curso anual de cualificación pedagógica.

Una implicación práctica inmediata en la organización institucional, consistió en que los primeros dos años de ESO permanecieron en las escuelas secundarias del sistema anterior, mientras que los dos restantes fueron adscritos a los centros de bachillerato, trasformados en Institutos de Bachillerato. Para hacer viables los cambios, la reforma normativa contempló la aplicación gradual de las nuevas medidas.

A diez años de iniciada la reforma, una primera evaluación integral de la ESO, gestionada por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, comparó los resultados obtenidos por jóvenes de 16 años en pruebas administradas en 1997 y 2000. En el contraste los alumnos que habían concluido el segundo año de BUP eran consistentemente superiores a los de los egresados del cuarto año de ESO. Por otra parte, los resultados de la prueba PISA 2003, administrada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), colocaban a los estudiantes de secundaria españoles por debajo del promedio de los países afiliados, aunque también mostraban que una menor brecha social en los resultados a la observada en países con mejor desempeño.

En conclusión, si bien la reforma no parecía haber resuelto hasta entonces el reto educativo de mejora cualitativa, sí parecía avanzar en sus propósitos de mejorar la inclusión social en el conocimiento. No obstante, otros estudios hicieron notar que la ampliación del periodo obligatorio hacía disminuir la proporción de jóvenes con una formación básica certificada, dado que el “fracaso escolar”, definido en términos de abandono del sistema educativo, tendía a concentrarse en los últimos años de la ESO. En 2002, la proporción de estudiantes que no concluían la educación obligatoria se aproximaba a 30 por ciento.

Las reformas de 2002 y 2006 buscaron enfrentar algunos de los problemas identificados. La LOCE de 2002, aprobada durante la presidencia de José María Aznar (1996-2004), incluyó varios cambios tanto en la ESO como en el ciclo de bachillerato. Asimismo, la LOE de 2006, instaurada con el retorno de los socialista al gobierno español planteó nuevos cambios, inspirados en la noción de “flexibilidad educativa”. La semana que entra los comentamos.