La semana pasada arrancó, a lo largo y ancho del país, la Primera Jornada Nacional por la Mejora Integral de la Educación Media Superior. Por ahora es una fase informativa, cuyo propósito es que las autoridades federales compartan el enfoque de cambio que se impulsará para mejorar las condiciones y desempeño del sistema. También se busca recoger el punto de vista y las propuestas de las entidades federativas en esta materia.

Por ahora, los trabajos conducentes al programa de mejora integral de la educación media superior han sido coordinados por la SEP en colaboración con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En el curso del proceso se espera la integración de las autoridades y responsables de los distintos subsistemas (federal, descentralizado y autónomo), y al cabo la toma de acuerdos para su futura implementación. Eventualmente, el proceso puede encontrar intersección y modularse con las propuestas de cambio desarrolladas en otras instancias, principalmente la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados, el SNTE, el sector privado y el sector social.

Sin duda, la preocupación gubernamental por mejorar ese nivel educativo es muy atinada tomando en cuenta los graves problemas de calidad, eficiencia y eficacia que la educación media superior del país confronta en la actualidad. Atender y resolver tales problemas es indispensable en la perspectiva de mejorar en su conjunto la educación del país, afirmar la plataforma de la educación superior y perfilar un sistema de ciencia y tecnología a la altura de los retos de crecimiento y competitividad de la economía nacional. Por ello, es loable la iniciativa gubernamental y es de esperarse que sea un detonador efectivo de la reforma educativa necesaria.

La ceremonia inaugural de esta primera jornada contó con la participación del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien se encargó de presentar y comentar los cuatro ejes fundamentales de la propuesta del gobierno: impulsar la adopción de un marco curricular común basado en competencias; definir y regular las modalidades de la oferta (escolarizada, abierta y a distancia); impulsar la profesionalización de los servicios educativos (definición de estándares), y promover un solo modelo de certificación de bachillerato.

El presidente confirmó que en torno a cada uno de estos ejes se han venido desarrollando trabajos, por ejemplo, el catálogo de competencias básicas, la revisión de las estructuras curriculares en vigencia, y la sistematización de los planes y programas de la oferta pública. Además, hizo notar que para impulsar la reforma este año se cuenta con un presupuesto histórico: 32.5 miles de millones de pesos, es decir, 21 por ciento más que el año pasado.

El discurso presidencial no omitió la retórica del México ganador. El presidente Calderón Hinojosa concluyó: “No permitiremos que México sea visto como un país de reprobados, queremos que cada estudiante tenga conocimientos sólidos de matemáticas, de comprensión de lenguaje, que amplíe sus capacidades y habilidades técnicas especializadas y que, incluso, tenga la posibilidad de acceder a otra lengua para que tenga más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero que los jóvenes, al salir de educación media superior, puedan tener la opción de estudiar la carrera de su preferencia, e incluso que pensemos en un sistema que permita que estudien donde quieran hacerlo, o bien, que puedan incorporarse de inmediato al trabajo productivo y remunerado si así lo desean”.

¿El ocaso de las escuelas patito?

El presidente también señaló que, al contar con un sistema público de buena calidad y suficiente cobertura, se “evitará la proliferación de escuelas de baja calidad académica, las escuelas patito, que tanto daño le hacen a los estudiantes”. Esta afirmación tiene su lado convincente: si las patito existen por la ausencia de una oferta pública a la altura de las expectativas de la demanda, entonces, al remontar el déficit público, los proveedores de servicios educativos de mala calidad perderían razón de ser y, tarde o temprano, se retirarían del mercado. ¿Será esto posible?

Probablemente. Sin embargo, la visión presidencial omite al menos dos ángulos clave del problema: primero, la responsabilidad del gobierno en la supervisión y control de los proveedores privados de servicios educativos. Segundo, los múltiples incentivos que explican la existencia del sector patito en la educación media y superior del país.

Como una “hipótesis de trabajo” propongo la siguiente aseveración: las escuelas patito existen gracias a que el Estado —no sólo el gobierno— las ha posibilitado, permitido, tolerado y subsidiado. No se trata de evitar su proliferación porque ya han proliferado. Ni siquiera sabemos con precisión cuántas y cuáles son. Ninguna se autodefine como patito y muchas de ellas exhiben certificados de validez o incorporación. No se trata de competir con ellas. Lo razonable sería cerrarlas. Cerrarlas y colgar el letrero de “Clausurado por incumplir con los estándares de calidad...”.

Desarmar el esquema que soporta la existencia de las patito exige entender la imbricación de causas, intereses e incentivos en juego. Porque pensar que las escuelas patito se van a cerrar solas es como hacerse pato. Más de esto, la próxima semana.