Con el propósito de explorar las relaciones entre el Estado y los particulares en el terreno de la educación superior, iniciamos desde la anterior entrega un recorrido histórico que busca acotar las distintas modalidades y vertientes mediante las cuales la autoridad educativa ha facultado a la iniciativa privada para desarrollar proyectos en ese campo. La hipótesis que guía este ejercicio postula que uno de los factores relevantes para explicar la presencia de las denominadas escuelas patito, tanto como su proliferación en los años recientes, radica en la insuficiencia e inoperancia de reglas de supervisión y control sobre los proveedores.

Antes de que concluyera la primera mitad del siglo pasado ya se habían perfilado las tres principales vías de autorización para la creación de instituciones de educación superior (IES) privadas: los decretos de creación de “escuelas libres”, obsequiados por el Ejecutivo federal o los gobernadores de los estados, la fórmula de “incorporación” de las universidades particulares a la Universidad Nacional, modelo más tarde sería seguido por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras universidades públicas, y la solución del reconocimiento de validez oficial a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Conviene tomar en cuenta, no obstante, que el desarrollo del segmento universitario privado siguió una dinámica más bien gradual. Hacia 1970 el número de universidades privadas llegaba acaso a quince establecimientos: la Autónoma de Guadalajara (1935), la de las Américas (Puebla, 1940), la Motolinía del Pedregal (DF, 1943), el Tecnológico de Monterrey (1943), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (DF, 1946), la Iberoamericana (DF, 1954), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Guadalajara, 1957), la Universidad La Salle (DF, 1962), la Universidad Tecnológica (DF, 1966), la Panamericana (DF, 1967), la Anáhuac (DF, 1968), la Del Valle de México (DF, 1968), la Cristóbal Colón (Veracruz, 1969), la Universidad de Monterrey (1969) y la Regiomontana (Monterrey, 1969). Varias de las universidades enlistadas, aunque no la totalidad, se habían creado previamente con el nombre de escuelas, colegios o institutos. Existían, además, un número de escuelas libres en la capital de la República y los estados y algunas escuelas privadas con oferta de estudios superiores, todavía lejos de la pretensión de autodenominarse universidades.

La universidad privada no surge con la idea de aliviar presiones de la demanda de estudios superiores. Se origina primero como una opción ideológica e inmediatamente como una alternativa de prestigio social. Entrados los años setenta, la cuota de matrícula representada por el segmento privado no superaba 10 por ciento de la inscripción total. Las cosas pronto habrían de cambiar, aunque esta vez al ritmo de la expansión de la demanda.

Sólo en los años setenta se fundaron aproximadamente veinticinco nuevas universidades particulares. Esto es, un número superior al registrado en el lapso de 1935 a 1969. La mayoría de éstas fueron establecidas en el interior del país, ya sea en las capitales de los estados o bien en las ciudades más pobladas.

En los años ochenta se agrega al sistema universitario privado medio centenar de instituciones y da inicio un nuevo proceso: la creación de sedes foráneas y campus descentralizados. Este patrón, originalmente acuñado por el Tecnológico de Monterrey, sería posteriormente seguido por otras universidades, hasta crear auténticos sistemas descentralizados e, incluso, modelos asimilables a la forma franquicia.

En los años noventa, la expansión del sector universitario en manos de particulares cobra otra dimensión. Considerando exclusivamente los establecimientos que se anuncian como “universidades”, el número de nuevas instituciones creadas en el periodo supera holgadamente la centena, otro tanto se habría de añadir en el periodo de 2000 a 2007. En la actualidad, más de 30 por ciento de la matrícula de licenciatura y cerca de la mitad de la población escolar de posgrado cursa estudios en IES particulares.

Entonces, ¿cuántas universidades privadas hay en México? Hasta ese dato simple y elemental es difícil fijar con precisión. Si se cuentan únicamente las instituciones que llevan el nombre de “universidad”, el número se acerca a cuatrocientas instituciones, como se puede constatar, por ejemplo, en los Anuarios Estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Si se agregan las unidades descentralizadas en ciudades diferentes del campus central, así como el resto de las IES privadas que no se reconocen propiamente como universidades, el total supera fácilmente el millar. Pero, ¿cuántas exactamente? Quién sabe. Como la propia SEP ha reconocido en varias oportunidades, la inexistencia de un censo nacional de instituciones de nivel medio superior y superior es uno de los elementos que explica la dinámica de las escuelas patito. Un censo de este tipo no sería mayor problema si el registro de los establecimientos educativos de este nivel coincidiera plenamente con las unidades de observación de los Censos Económicos a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Pero la diversidad de las formas de propiedad y control sobre los establecimientos que forman parte del sistema educativo privado dificulta incluso tal opción. En el terreno de los hechos, esta situación es parte del problema, como veremos más adelante.