En esta serie examinamos la reciente formación de sistemas privados de educación superior. Distinguimos al respecto tres principales conglomerados o redes institucionales: aquellas que han logrado presencia nacional, como el Tecnológico de Monterrey, el Tec-Milenio y la Universidad del Valle de México; algunos sistemas universitarios privados de cobertura regional en distintas áreas geográficas del país, y las redes de instituciones afiliadas a órdenes o congregaciones católicas.

Al panorama descrito cabe añadir al menos un par de instituciones que, en los últimos años, han mostrado una fuerte dinámica de expansión territorial: la Universidad CNCI y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). La primera inició sus operaciones, en 1994, como Colegio Nacional de Capacitación Intensiva, afiliado al grupo Dataflux.

En 2003 obtuvo su primer Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la SEP, añadió a su denominación el nombre de universidad, y espació sedes por la mayoría de los estados con el modelo de franquicias. A la fecha cuenta con casi un centenar de planteles en todo el país, ofrece servicios educativos de bachillerato, preparatoria abierta, especialidades técnicas, diplomados en inglés y cómputo, y licenciaturas en diseño gráfico digital, educación, informática y mercadotecnia. Cotiza en bolsa (código de pizarra BMV: CNCI B) y es la única institución de educación superior con personalidad de Sociedad Anónima de Capital Variable.

La UNID, por su parte, surgió en 2000 con un solo campus (Tlanepantla). A partir de 2003 inició su expansión hasta alcanzar 46 sedes en 2007. La UNID tiene presencia en 22 estados, generalmente en las capitales de las entidades federativas y en las ciudades de mayor tamaño, y ofrece estudios de bachillerato, técnico superior universitario, licenciaturas, diplomados y maestrías. Cuenta con RVOE de la SEP en la mayoría de sus programas y, en algunos casos, con RVOE de los estados en que se ubican las sedes.

Aunque el corto período donde se ha desarrollado la expansión de este sistema universitario impide precisar su potencial cuota de mercado en el segmento privado, por el número de establecimientos y programas de enseñanza superior, es probable que la UNID muy pronto compita con los grupos institucionales de mayor tamaño en el país.

Un cálculo grueso nos lleva a suponer que, en la actualidad, cuando menos una tercera parte de los establecimientos de educación superior privada forma parte de los sistemas y redes institucionales descritos. Esta proporción pude aproximarse a casi 50 por ciento de los establecimientos privados si únicamente se consideran aquellos que anteponen el nombre de “universidad” a su designación institucional. En términos de matrícula, más o menos la mitad del total de estudiantes que cursan estudios de licenciatura o posgrado en instituciones privadas están inscritos en alguno de los sistemas que hemos definido.

Lo más importante, sin embargo, radica en la tendencia observable, es decir, el desarrollo de una pauta de conglomeración de las nuevas IES privadas dentro de sistemas y redes institucionales. En términos cuantitativos y cualitativos esta pauta puede ser de mayor importancia que la proliferación de las llamadas universidades patito. Las redes privadas, por lo general, cuentan con las autorizaciones oficiales dispuestas por la Federación o los estados, con una base financiera que les permite competir exitosamente en los mercados regionales y, probablemente, con condiciones para desplazar al segmento de menor calidad académica.

A la vista de este fenómeno conviene plantear algunas interrogantes: ¿qué tipo de relación le conviene establecer al gobierno federal y a los gobiernos estatales con los grupos privados: una relación cooperativa, una centrada en supervisión de calidad, o una combinación de ambas?, ¿la presencia de grupos institucionales en lugar de IES privadas independientes entre sí amerita nuevas reglas de autorización, supervisión, control y transparencia?, ¿es convieniente revisar la normativa del régimen de asociaciones civiles en presencia de auténticos consorcios de asociaciones civiles como los que sustentan los grupos y redes de IES privadas?, ¿se deben revisar los flujos de capital y otros recursos en el contexto de estos sistemas para efectos de obligaciones fiscales? En resumen, ¿no debiera el Estado hacerse cargo de esta nueva realidad del sistema privado de educación superior y reflexionar en torno a la suficiencia del marco normativo para su regulación?

Sin duda, los retos de cobertura de la educación superior en México justifican la presencia y dinámica del sector privado en este campo. También parece indiscutible que al menos una porción de la demanda social de estudios universitarios prefiere la educación privada, por distintas razones. También importa reconocer que el segmento privado brinda servicios educativos superiores a una proporción significativa y todavía creciente de la demanda. Por ello, las reglas deben cambiar: no es lo mismo interactuar, como en los años cincuenta, con un puñado de universidades privadas de élite, o como en los años ochenta con un sector dividido entre instituciones de buena y mala calidad. Ahora las cosas son más complejas: el sistema privado es más complejo, desarrolla nuevas dinámicas de crecimiento, diversificación, especialización académica, relaciones con empresas, procesos de internacionalización, entre otras pautas. Se requiere reconocer esta complejidad y construir un sistema de regulación a su altura; se requiere decidir una forma de relación público/privado que sea productiva, que proyecte calidad educativa y mejore las condiciones de acceso de la demanda.

Lo que no serviría mucho que digamos es omitir estas tendencias y actuar con una estrategia simple y dualista: para las universidades privadas “excelentes” todo el apoyo y para las patito todo el control. Hoy la cosa es más compleja, la verdad.