Aunque la prensa registró como un acuerdo de los diputados —y casi como un hecho— las reformas al artículo tercero de la Constitución que, entre otros puntos, incluyen la obligatoriedad del nivel medio superior y la supresión de la obligatoriedad de primero de preescolar, lo cierto es que aún falta superar varias etapas críticas del proceso legislativo. A estas alturas, las probabilidades de que el proyecto avance o se frustre son equivalentes y dependen de la coincidencia y el apoyo de otros actores.

El proyecto procede de los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), integrada hace poco más de un año, para dar contenido a la iniciativa presidencial de Ley para la Reforma del Estado. Uno de los temas abordados por ese órgano fue “Garantías sociales”, dentro del cual se articularon propuestas en materia de derechos sociales, civiles, políticos y humanos. No todas las iniciativas del grupo, en realidad apenas una fracción, alcanzaron el grado de acuerdo requerido para ser integradas al paquete que la CENCA entregó al Congreso. Además, como se sabe, la comisión dio prioridad a las reformas electorales y judiciales. Aún así, las propuestas educativas del grupo lograron trascender la aduana de la subcomisión redactora de la CENCA, alcanzar la instancia del Congreso, y ser presentadas a la Cámara de Diputados por los legisladores de la Junta de Coordinación Política, previo dictamen de las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Puntos Constitucionales. La iniciativa fue remitida al pleno el 17 de abril y en la ordinaria del 29 se incluyó en la orden del día, se dispensó del trámite de primera lectura y se aprobó el resolutivo de “quedar de primera lectura”. En ésas está.

La iniciativa consta de una amplia exposición de motivos seguida de la propuesta de cambios normativos. Llama la atención, en la sección que explica el origen del proyecto, la alusión a una serie de consultas con el sector académico. Al respecto, se menciona el Primer Foro Parlamentario de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología en México (Colima, 22 al 24 de noviembre de 2006). El evento fue anterior al inicio de los trabajos de la CENCA, tenía como propósito apoyar la construcción de agenda educativa de las fracciones al inicio de la LX Legislatura, y en él participaron, además de rectores y algunos especialistas, la mayoría de los altos funcionarios de la SEP del sexenio pasado.

También se alude al Foro de Consulta Pública para la Reforma del Estado sobre Garantías Sociales, realizado el 2 y 3 de julio de 2007 en Acapulco, éste sí organizado por la comisión. Para el foro de Acapulco se recibieron más de mil ponencias que tratan cientos de problemas de la educación, pero muy escasamente se refieren a la obligatoriedad de la media superior y al fin de la obligatoriedad del primero de preescolar. Cualquiera puede cotejar esta afirmación: la memoria está a texto completo en el sitio web de la CENCA.

La referencia a estos antecedentes puede ser políticamente correcta, pero también es cierto que se grillan solos: no fue de la consulta pública de donde salieron las propuestas, sino de un acuerdo entre los partidos. Seguramente al gobierno y tal vez al PAN le convence la idea de suprimir la obligatoriedad del primero de preescolar, mientras que la obligatoriedad de la media superior ha sido defendida por el PRD y partidos aliados desde hace tiempo. ¿Hubo un intercambio de posiciones para alcanzar el acuerdo? Es probable.

De concretarse la reforma, el primer párrafo del artículo tercero quedaría: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado —Federación, estados, Distrito Federal y municipios—, impartirá educación, desde la preescolar hasta la media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. El Estado quedaría plenamente facultado para determinar los planes y programas de la educación media superior “con excepción de las instituciones a las que la ley otorga autonomía, de acuerdo con la fracción VIII del presente artículo” (fracción III).

Como la excepción no es para los particulares, éstos deberán acatar “los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y las fracciones I y II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III” (fracción VII, inciso “a”). La iniciativa no aclara el caso de los bachilleratos privados incorporados a universidades públicas facultadas, aunque puede suponerse que el punto no pasará inadvertido en la consiguiente reforma a la Ley General de Educación, en caso que la iniciativa prospere. En los transitorios del proyecto se indica que la obligatoriedad “se realizará de manera gradual y creciente, en diversas modalidades y con calidad y pertinencia”. O sea, que el plazo es indefinido, lo que debilita el objetivo de la propuesta, pero acrecenta la opción de acuerdo.

Falta la segunda lectura de la inicitiva ante el pleno, la que puede ocurrir en el período extraordinario que se anticipa, o bien hasta el próximo período ordinario. Luego está la votación del pleno, cuyo resultado no es por ahora previsible, habrá que aguardar la postura gubernamental al respecto, pues ésta puede orientar la votación del PAN. También habrá que esperar las reacciones ante la eventual supresión de la obligatoriedad del primero de preescolar. Más adelante está el proceso en el Senado, y tratándose de una reforma constitucional, el debate en los congresos estatales. Falta bastante.

En tanto, la SEP avanza otros proyectos: la aplicación de la prueba ENLACE, las reformas de contenido diseñadas en la subsecretaría del ramo, y el nuevo proyecto de formación de maestros para el nivel. La pregunta salta a la vista: ¿se encontrará un punto de convergencia entre el proyecto gubernamental, las propuestas del SNTE y las iniciativas de los partidos?