El pasado viernes concluyeron los trabajos de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES 2008), en Cartagena de Indias, Colombia, en preparación de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009. Como estas conferencias son organizadas por la UNESCO, el evento fue coordinado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).

Como tal, la conferencia fue un ámbito propicio para la presentación y debate de múltiples temas relativos a la agenda actual y futura de la educación superior en la región. No menos interesantes las ponencias que varios especialistas de sólida reputación académica expusieron a los participantes. Tras las sesiones temáticas, la comisión redactora de la CRES 2008 generó un documento síntesis en que se plasmaron los principales puntos de acuerdo, así como un enfoque general para promover las sugerencias de política pública y de acción institucional convenidas.

No obstante la variedad y riqueza de puntos de vista y aportaciones prácticas expresadas en la reunión, el documento aprobado, “Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina”, se aprecia un tanto limitado en su carácter de guía de orientación para el desarrollo de la educación superior latinoamericana. Hay que aclarar que el propio texto hace dos advertencias importantes. La primera, que se trata aún de una “propuesta”, sujeta por lo tanto a precisiones y nuevos planteamientos. La segunda, que se espera seguir ahondando la reflexión para formular la “hoja de ruta” de los acuerdos.

En la declaración se advierte, en primer lugar, un marcado acento en el carácter público de la educación superior: “La educación superior es un derecho humano y un bien público social. Los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho”. Asimismo, “el carácter de bien público social de la educación superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos”.

En consecuencia, el documento recomienda profundizar en las políticas de acceso y equidad extendiéndolas a todos los grupos sociales, ampliar el subsidio a las instituciones públicas del nivel, y “producir transformaciones en los modelos educativos para conjurar los bajos niveles de desempeño, el rezago y el fracaso estudiantil”. Al subrayar la condición de bien público de la educación superior, la declaración critica las tendencias de mercantilización y transnacionalización a la vista y advierte a los gobiernos nacionales sobre los riesgos de abrir el mercado educativo al comercio internacional.

Hay también en la declaración un pronunciado énfasis en el contexto nacional y local como objetos centrales de la pertinencia de la educación superior y la investigación científica.

De tal manera, se recomienda a las instituciones “avanzar en la configuración de una relación más activa con sus contextos, (así como) impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos, la producción y transferencia del valor social de los conocimientos, el trabajo conjunto con las comunidades, una investigación científica, tecnológica y humanística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población, una activa labor de divulgación vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la multiculturalidad, un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más postergados”.

Esta “vuelta a lo local” toca, incluso, un extremo cuestionable, el de afirmar, como está escrito en la declaración, que “el desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global (bien público global) tiene como consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que existen de hecho”. Aparte de expresar una postura sólo defensiva, parece que el pronunciamiento desconoce el fondo del debate académico acerca de la educación como bien público global.

Además de las declaraciones y recomendaciones acerca de qué deben hacer los gobiernos con la educación superior y cómo aproximarla a los intereses de los países y sociedades de la región, el documento contiene sugerentes ideas de política educativa y científica. Por ejemplo, la de establecer mecanismos de articulación entre ese nivel de formación y el resto del sistema educativo, o la de renovar la interrelación entre las funciones de docencia, investigación y difusión. Como cabría esperar, no son pocas las referencias a los sistemas de educación abierta y a distancia, con base en tecnologías informáticas, en cuanto potenciales vías de respuesta a la creciente demanda de acceso.

Hay temas relevantes, como el de la emigración de talentos, cuyo enunciado en la declaración resulta poco satisfactorio dado el nivel de generalidad en que se expresa y la ausencia de una propuesta viable. Juzgue el lector: “La emigración se ve acelerada por el reclutamiento de jóvenes profesionales de la región por parte de los países centrales, para atender la disminución de su población estudiantil universitaria. Ello podrá enfrentarse abriendo ámbitos locales de trabajo acordes con dichas capacidades”. No pues sí.

La propuesta más concreta en toda la declaración viene al final, en el rubro de “integración”. Se sugiere al respecto “la construcción de un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES)”, para establecer procesos de convergencia, mutuo reconocimiento, trabajo conjunto, proyectos compartidos, movilidad académica y estudiantil, entre otros propósitos.