Continúan las protestas de profesores y estudiantes chilenos con motivo de la inminente aprobación de la nueva Ley General de Educación (LEGE), propuesta por el gobierno para reemplazar la anterior Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) de 1990. El trámite legislativo correspondiente se encuentra en el Senado, tras haber sido aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 19 de junio, con votación dividida.

La iniciativa de reforma legal procedió como respuesta del gobierno de Michelle Bachelet al movimiento de los estudiantes de la educación media chilena (abril a junio de 2006) que, entre otras demandas, exigió la derogación de la LOCE al considerarla un instrumento negativo para alcanzar los propósitos de equidad y calidad reconocidos por la educación media obligatoria alcanzada en Chile desde 2003. No obstante, la propuesta de reforma finalmente consensada con las principales fracciones del Parlamento chileno resultó no sólo insatisfatoria para el sector académico y estudiantil, sino un renovado frente de conflicto que, para acabar pronto, amenaza con desestabilizar los frágiles equilibrios logrados por la transición democrática chilena.

En este momento, con motivo del periodo vacacional, la movilización ha caído en una suerte de impasse. Las últimas movilizaciones, en particular la opción de suspensión de actividades convocada por el gremio magisterial para el pasado 10 de julio, no han rendido los resultados esperados por los organizadores, ni las marchas y manifestaciones han tenido los contingentes que, por ejemplo, se dieron cita en las jornadas de 2006.

La convocatoria de estudiantes y profesores para una “consulta nacional de educación”, si bien ha llamado positivamente la atención en círculos políticos chilenos, por ser una forma de expresión pacífica y democrática, tampoco ha alcanzado las dimensiones de una convocatoria masiva.

Sin duda, un factor que confluye en el escenario es la opción de represión a la movilización sostenida inequívocamente por el gobierno. Sólo en las marchas del 10 de julio, que difícilmente podrían ser interpretadas como una revuelta peligrosa para el orden público, fueron detenidas aproximadamente 150 personas, muchas de ellas estudiantes menores de edad.

Por su parte el gobierno, a través de la ministra de Educación, Mónica Jiménez, inició una nueva campaña de articulación de consenso, bajo la figura de “Diálogos Participativos por la Educación Pública”. Profesores y estudiantes movilizados han interpretado esta maniobra más como una provocación que como una vía de debate conducente a modificar el trámite de la reforma. Así, el 14 de julio, en la jornada inaugural de los diálogos, la ministra fue agredida por una estudiante de bachillerato que le vació encima un vaso de agua. La titular del ministerio tuvo que abandonar el recinto y el incidente dio lugar tanto al repudio de los políticos a la expresión de protesta de la estudiante, como algunas expresiones de solidaridad de organizaciones de maestros y alumnos. Después de ello, ¿insistirá el gobierno en su postura de diálogo público?

Por declaraciones aisladas de senadores se advierte la preocupación de esa instancia por las consecuencias que resulten del proceso legislativo. Las opciones de salida son complejas: si se aprueba la nueva LEGE tal y como fue enviada por los diputados, sin lugar a dudas el conflicto habrá de recrudecerse hasta alcanzar un perfil cuya escala es difícilmente predecible: ya otros gremios, por ejemplo, los agrupados en la Central Única de Trabajadores, la CUT chilena, han manifestado su posible solidaridad con la causa estudiantil y magisterial.

La opción de congelar la reforma se percibe por ahora, desde el Senado, como inadecuada, pues representaría perder una valiosa oportunidad para cambiar la normativa fundamental de la educación en Chile. Desde el gobierno, naturalmente, la cancelación de la reforma significaría un fracaso político de primera magnitud.

Si bien está en manos del Congreso la decisión del rumbo que tomará esta iniciativa, el cálculo de sus consecuencias indudablemente concierne a todos los actores políticos de la realidad chilena: a las autoridades gubernamentales, a los legisladores, así como a los partidos y otras organizaciones y fuerzas políticas en el escenario. Según se debate en la actual coyuntura, la opción de dejar la norma de educación tal y como está más bien sería un retoceso que una salida pertinente. ¿Qué hacer entonces?

El fondo de este debate, conviene anticiparlo, radica en la posibilidad o imposibilidad de combinar, en el campo educativo, el enfoque de economía liberal prevaleciente, con objetivos y arreglos institucionales propios de la perspectiva de la educación como un bien público. ¿Es factible, se preguntan los analistas de la problemática, mantener el esquema de subsidio público a la inicitiva privada con el enfoque de obligatoriedad y gratuidad de la ley de 2003? ¿Cómo resolver los problemas de segmentación social y académica generados por la serie de reformas implantadas en el periodo democrático? ¿Cómo articular y dar solución de continuidad a los retos de competitividad, equidad, calidad y eficacia asignados a la educación chilena?

Lo que se discute en esas latitudes debe importarnos mucho. Tanto la reforma pretendida, como el conflico educativo, son una expresión clara de los límites que enfrenta la tensión entre el objetivo de la equidad y el propósito de la calidad competitiva. No es ésta, en el caso que vamos a seguir comentando, una discusión principalmente conceptual, que se resuelva en el terreno de la teoría: es un debate eminentemente político y en él está en cuestión cuál puede y debe ser el papel educativo del Estado.