Al igual que en cada año de la presente década, una vez que se dan a conocer los resultados del proceso de admisión a las universidades públicas del país, vuelve a la arena de debate, ya sea en medios de opinión pública y ocasionalmente en las calles, el problema de los rechazados, es decir, la inconformidad de un número cada vez mayor de aspirantes a ingresar a estas instituciones que no consiguen lugar en ellas. Los síntomas de malestar social que acompañan a este fenómeno son comprensibles —¿quién puede quedar conforme al figurar en la lista de “no aceptados” tras haber cumplido todos los pasos del procedimiento de solicitud de ingreso?—, la explicación de insuficiencia de cupo no parece suficiente para legitimar las causas del creciente número de rechazados, y el tiempo pasa sin que se alcance una solución, o se perciban las vías para modificar el estado de cosas.

Aunque el problema de los rechazados está presente en casi todos los rincones del país, con unas cuantas excepciones, alcanza su mayor perfil cuantitativo en regiones como el área metropolitana de la Ciudad de México, en la cual las instituciones de educación superior públicas (UNAM, UAM, IPN, UPN, UACM, UAEM e incluso la Universidad Autónoma Chapingo) enfrentan en el presente un problema de demanda de ingreso con un perfil cuantitativo realmente inédito en la historia, que amenaza constantemente con desbordar su capacidad de respuesta.

Este año, en los dos periodos de admisión (febrero y junio) se presentaron al concurso de selección para ingreso a las licenciaturas de la UNAM un total de 167 mil 688 egresados del bachillerato. De ellos consiguieron ingreso 14 mil 677 aspirantes (8 mil 804 en el primer examen y 5 mil 873 en el segundo). La mayoría de los no aceptados buscaron ingresar a otras de las IES públicas del área metropolitana. Como la capacidad total de las IES públicas del conglomerado urbano se estima en un máximo de 75 mil cupos de primer ingreso, algo más de la mitad de egresados que buscan acceder a este grupo de instituciones se ven obligados a buscar alternativas: esperar al próximo periodo de inscripciones, buscar sitio en las universidades privadas —las bunas y las patito— o cancelar su aspiración de proseguir estudios superiores.

Es importante aclarar que la mayoría de las universidades públicas del área metropolitana han procurado aumentar su capacidad de ingreso. La UNAM, para comenzar, aceptaba a principios de la década menos de 30 mil aspirantes, cifra que se colmaba mayoritariamente por los propios egresados del bachillerato de esta universidad (ENP y CCH) dejando menos de diez mil lugares al concurso abierto de selección. En la actualidad la capacidad de primer ingreso supera los 38 mil lugares, contando los sistemas escolarizado, abierto y a distancia del nivel de licenciatura, y se disponen para acceso por concurso de selección cerca de 15 mil sitios. De seguir esta tendencia la UNAM puede aspirar, a corto plazo, a alcanzar la meta de ofrecer, por cada lugar de pase reglamentado, un lugar por concurso de selección, meta importante de alcanzar para asegurar una mínima condición de equidad en el proceso de adimisión al nivel de licenciatura.

En los años recientes el IPN ha establecido un procedimiento de admisión que le permite, a través de la depuración del padrón de primer ingreso ofrecer, a través de una segunda ronda de examen, cerca de cinco mil lugares adicionales. La UAM creó una nueva unidad de esudios, la sede Cuajimalpa que, en el momento en que resuelva sus problemas de instalaciones, podrá ofrecer un cupo de primer ingreso entre dos mil y tres mil lugares. La Autónoma del Estado de México, a la cual concurren cada vez más estudiantes de la región metropolitana, ha hecho también esfuerzos de ampliación y construcción de nuevos planteles, el más reciente en el municipio de Nezahualcóyotl.

Sin embargo, la ampliación de las capacidades de ingreso de las instituciones no parece suficiente para enfrentar la problemática. Contando desde 2001 cada año se han sumado a la demanda de primer ingreso más de 10 mil nuevos aspirantes: si en 2001 la cifra de egresados de bachillerato que solicitaron ingreso a estas IES era de aproximadamente 80 mil jóvenes, la actual supera la cifra de 160 mil. ¿Cómo hacer para enfrentar esta problemática?

La respuesta no puede ser otra que generar condiciones para ampliar la oferta. Pero esta vía de solución exige considerar dos variables fundamentales: financiamiento y coordinación. Se requiere instalar e impulsar el trabajo de la Comisión Metropolitana de Educación Superior. La idea no es nueva, estaba prevista desde los años setenta con el Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) se incluyó como meta del Programa Nacional de Educación del sexenio pasado y se han hecho otros intentos por generar este esquema de planeación. ¿No sería conveniente repensar sus posibilidades en la actual coyuntura?

El tema del financiamiento también es complejo y exige una solución imaginativa porque la distribución del gasto público no toma en cuenta la dimensión metropolitana de algunos problemas, sino que exige acuerdos caso por caso entre las entidades involucradas como, en este caso, el Distrito Federal y el Estado de México. Para algunas áreas, que involucran servicios públicos se han encontrado soluciones, ¿sería posible buscar alternativas metropolitanas en educación superior mediante financiamientos concurrentes?

En fin, hay que buscarle, más allá de los que puedan hacer las instituciones educativas.