El martes pasado se publicaron los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) aplicada, por primera ocasión, a estudiantes del último año de enseñanza media superior. Algunos resultados se difundieron desde hace semanas. Se sabía, por ejemplo, que los alumos del subsistema de bachillerato general aventajaron a sus colegas en instituciones tecnológicas o en centros de educación técnica profesional. También trascendió que las escuelas privadas obtuvieron mejores puntajes que las públicas, que en los estados de Querétaro y Yucatán los estudiantes consiguieron las mejores calificaciones, y que el bachillerato del Instituto Politécnico Nacional tuvo un desempeño sobresaliente.

El reporte completo, además de desgloses por tipos de bachillerato y regímenes de sostenimiento, incorpora una serie de tablas, cuyo resumen se consigna en el cuadro incluido más abajo, que reflejan la distribución de resultados, según el grado de marginación socioeconómica de los municipios en que se ubican las escuelas evaluadas. A tal efecto, se clasificaron los centros escolares y, por consiguiente, los estudiantes, en contextos de muy alto a muy bajo grado de marginalidad. Los resultados son muy importantes para entender los problemas que hoy enfrentan los jóvenes que esperan acceder al nivel educativo superior.

La tabla es elocuente en sí misma, basta comentar sólo unos datos extremos. Por ejemplo, en la prueba de lectura uno de cada tres estudiantes de quienes viven en regiones marginadas obtuvo la calificación reprobatoria, contra uno de cada diez de los jóvenes que habitan en zonas de muy baja marginación. En matemáticas todos salen mal librados, pero 72.7 por ciento de los más pobres, contra 41.7 por ciento de los menos pobres, se clasificó en el rubro de conocimientos “insuficientes”, categoría que, según se aprecia, es el eufemismo de reprobado.

La consecuencia es bastante obvia. A la hora que unos y otros, los muy pobres y los no tanto, se presenten en la fila de las universidades públicas, o de cualquier otra institución de educación superior en que se aplique examen para competir por los lugares existentes, ¿quién lleva las de ganar?

Es conocida y comprobada la correlación entre capital económico y capital cultural, pero no por sabida debiera dejar de inquietarnos. Rechazar de las oportunidades de la educación superior a los menos dotados en términos académicos es también eliminar a los más pobres, quizá con excepciones. No hay que darle muchas vueltas, sino pensar en alternativas que aminoren ese factor de discriminación social.

Atender de mejor manera a los estudiantes en situación de riesgo académico, por estar en condiciones socioeconómicas desfavorables, es una opción, y sería bueno que se experimentaran políticas educativas enfocadas a ese propósito concreto, sobre todo en los centros escolares de la educación media superior en las zonas más desprotegidas.

Repensar los esquemas de admisión en las IES del sistema público parece también una necesidad: el examen objetivo no resulta tan puro cuando los sustentantes se presentan con niveles de conocimiento muy asimétricos, claramente asociados a su perfil socioeconómico. ¿O se piensa que el examen de opción múltiple es la única vía posible para brindar oportunidad de ingreso a los solicitantes? Hay alternativas y conviene discutirlas.

El peligro de dejar fuera de las oportunidades educativas a quienes viven en condiciones de marginación es la polarización social. No están los tiempos para ello. Si logramos, como generación, alcanzar un procedimiento de selección académica que no sea al mismo tiempo un filtro social radical estaremos del otro lado, antes no. Y si logramos eso, entonces el ISO-9000 nos hace los mandados.