Del 22 al 24 de noviembre de 2006 se celebró en Colima el Primer Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología organizado por la Cámara de Diputados, la ANUIES y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La reunión, en que participaron autoridadaes educativas, directivos de las IES, especialistas y legisladores, cumplió el objetivo de recoger ideas y propuestas luego remitidas a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencias y Tecnología de la LX Legislatura.

Las conclusiones de esa reunión derivaron en un pronunciamiento conjunto, conocido como “Declaración de Colima 2006”, en el cual se expresaron once puntos de consenso alcanzados en la reunión. Cinco de los puntos se refieren explícitamente a la necesidad de mejorar el escenario financiero de la educación media superior y superior, así como respaldar con recursos el desarrollo científico y tecnológico nacional. En el noveno punto del consenso se lee: “Generar las condiciones necesarias para que en el mediano plazo se establezca la obligatoriedad de la educación media superior con el fin de universalizar su cobertura”. Las expresiones “política de Estado”, “política de largo aliento”, y “acuerdo nacional” recorren varios puntos del texto referido.

El pasado 20 de octubre se celebró, esta vez en el escenario de la Ciudad Universitaria de la UNAM, la segunda edición del Foro Parlamentario. Las conclusiones no fueron distintas y no es de extrañar. La necesidad de robustecer la economía de las instituciones de educación media superior y superior, así como de los centros dedicados a la investigación en ciencias y humanidades, se mantiene como una asignatura pendiente, y la llevada y traída “política de Estado” no ha logrado transitar del reino de las intenciones al plano de la realidad.

En todo caso, la buena noticia es que el sector universitario y el científico han ratificado un adecuado nivel de interlocución con el Legislativo. Y, a buena hora, porque la negociación presupuestal de este año habrá de ser una de las más complicadas de los últimos tiempos, por razones obvias. En este sentido, la reunión fue sin duda exitosa.

En el foro, el doctor Miguel Székely Pardo, titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), expuso la ponencia “Avances y retos de la educación media superior: legislar para consolidar”. Cuatro aspectos fueron abordados: cobertura, equidad, calidad, y la necesidad de legislar el nivel medio superior de enseñanza. En los primeros dos temas se informaron algunos avances, como la creación de 140 bachilleratos en lo que va del sexenio y la entrega de más de 300 mil becas a estudiantes del nivel. El tercer tema, calidad educativa, fue tratado mediante la presentación de la estructura y avances de la denominada “Reforma integral de la EMS en un marco de diversidad”.

Székely puntualizó las etapas de la reforma y explicó los adelantos consolidados, en particular, el Marco Curricular Común (perfil del egresado) en que se sintetiza el enfoque pedagógico de la propuesta. También mencionó las etapas pendientes y los procesos actualmente en desarrollo, confirmando la meta prevista de contar con un renovado Sistema Nacional de Bachillerato, totalmente en operación, al término de la administración.

No obstante, el punto central de la presentación del subsecretario fue la convocatoria a los legisladores en el sentido de legislar para cubrir el vacío legal que prevalece en ese nivel del sistema educativo. Señaló, al respecto, tres motivos que justifican la acción legislativa en este campo. Primero, que la educación básica y la superior cuentan con marcos regulatorios específicos (la Ley General de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior), lo que no es el caso en el nivel medio superior. Segundo, que la creación del nuevo Sistema Nacional de Bachillerato requiere un marco normativo adecuado, pues, hasta el momento, se ha debido recurrir al expediente de los “acuerdos secretariales” para fijar las regulacions procedentes.

El tercer “motivo” de la exortación de la SEMS se define, textualmente, en los siguientes términos: “En el marco de la iniciativa para la obligatoriedad de la Educación Media Superior (conviene): especificar aspectos puntuales (por ejemplo, los artículos transitorios); garantizar financiamiento; establecer elementos de coordinación institucional; definir obligaciones y responsabilidades de distintos actores; garantizar equidad y pertinencia con estándares claros”.

El vacío legal al que apunta Székely es claro: no existen normas específicas para el bachillerato fuera de los acuerdos de la SEP. También es razonable la necesidad de apuntalar la reforma en curso con instrumentos en el nivel jurídico adecuado. Pero no deja de llamar la atención que el subsecretario convoque a los diputados para que, en la iniciativa sobre la obligatoriedad del bachillerato, se tomen en cuenta los aspectos ya mencionados. ¿Significa este pronunciamiento que, finalmente, la SEP respalda el proyecto legislativo de volver obligatoria la educación media superior?, o simplemente enuncia condiciones que, desde el punto de vista de la subsecretaría, la norma de obligatoriedad debería contemplar en caso que progresara la iniciativa. La verdad, quién sabe.

Por lo pronto, el boletín de la SEP sobre la participación de Székely en el foro se titula: “Propone SEP crear la ley de educación media superior para garantizar su obligatoriedad” (Boletín SEP, 324). ¿Será?