La semana pasada, a raíz de la intervención del subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, en el Segundo Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología (UNAM, 20/10/08), se manejó en esta columna la hipótesis de un posible acercamiento entre la autoridad educativa federal y los diputados de la Comisión de Educación Pública con respecto de la iniciativa de establecer la obligatoriedad del bachillerato.

Citamos al respecto dos fuentes. La primera, la propia presentación del subsecretario en el Foro Legislativo, en la cual, si bien no se afirma, ni mucho menos, una disposición favorable de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el sentido de apoyar el proyecto de obligatoriedad de la educación media superior, sí se postulan qué aspectos debería cuidar la eventual norma en caso de avanzar el trámite legislativo.

Según lo señalado por Székely en su ponencia, sería necesario definir las obligaciones y responsabilidades de las instancias y actores involucrados, establecer elementos de coordinación institucional, garantizar la equidad y pertinencia educativa con estándares claros y, sobre todo, asegurar el financiamiento requerido para hacer viable la propuesta. Está claro que argumentar estos requerimientos no significa ni apoyo ni respaldo gubernamental a la iniciativa de los diputados; simplemente se reconoce un proceso en curso cuyo destino está, para todos los efectos prácticos, en manos del Poder Legislativo.

Al día siguiente de la presentación del subsecretario, en la sección de boletines del portal de la SEP se incluyó una nota titulada “Propone SEP crear la ley de educación media superior para garantizar su obligatoriedad” (Boletín SEP 324, 21/10/08). Ciertamente el encabezado y el propio contenido del boletín iban más lejos que lo expresado por Székely, aunque, tratándose de una nota informativa oficial, dejaba lugar a una interpretación como la enunciada en este espacio.

Poco después, sin embargo, se supo que el comunicado era erróneo: el boletín fue retirado y a quienes habíamos comentado su contenido se nos notificó, por parte del área de Comunicación Social, esa situación. No es relevante discutir los avatares de comunicación de la SEP, pero sí el fondo del asunto: la postura de la autoridad educativa federal con respecto de la opción de la obligatoriedad del bachillerato se mantiene en su sitio, es decir, no es un proyecto que esté siendo apoyado desde el gobierno, al menos, por el momento.

¿Cuáles son las reticencias de la SEP sobre el bachillerato obligatorio? Las veces que, ya sea la secretaria de Educación, o bien el subsecretario del ramo, han expresado su opinión al respecto, el argumento más socorrido es de costo: ir hacia la obligatoriedad de este nivel de enseñanza implicaría enfocar un monto de recursos muy por encima de las actuales condiciones presupuestales. Se aduce el ejemplo del preescolar obligatorio de tres años, el cual, a pesar de contar con pleno sustento legal, no ha podido cumplir las expectativas por insuficiencia de fondos.

Hay, no obstante, más elementos. Uno muy importante es que la iniciativa de los diputados tampoco ha sido apoyada por el sector académico. Ni las universidades públicas, responsables de la operación de una proporción importante del bachillerato universitario, ni las escuelas privadas con oferta en este nivel de enseñanza, ni mucho menos las dependencias de la SEP o de las autoridades educativas en los estados, han dado señales en el sentido de respaldar el proyecto de obligatoriedad.

Más aún, la agenda del debate legislativo se ha reconfigurado drásticamente en función del cambio de coyuntura. Primero fue la preocupación por la seguridad y por los asuntos electorales. Hoy, a estos temas se añade la discusión sobre las medidas para enfrentar la crisis financiera global. En tal escenario, la ventana de oportunidad que se abrió para la propuesta de obligatoriedad se está cerrando rápidamente. El actual balance podría cambiar si y sólo si, por razones que no están a la vista, la dirigencia del SNTE proyectara la intención —acordada en el Cuarto Congreso Nacional de Educación del gremio— de impulsar la educación obligatoria de quince años. La posibilidad es remota, aunque no impensable.

Debe recordarse, por último, que la opción del bachillerato obligatorio implica un cambio constitucional y, por ello, la aprobación de al menos dos terceras partes del pleno camaral. En la actual configuración de las fracciones parlamentarias, basta con que uno de los tres partidos mayoritarios no esté de acuerdo para que cualquier reforma constitucional se frene. Así, si el gobierno no está conforme con la medida, ésta no tiene futuro.