Dos indicadores clave en la programación de metas del sistema de educación superior dan muestra de un comportamiento incierto en la actual coyuntura de crisis. Uno es el gasto público en educación superior como proporción del producto interno bruto, otro, el indicador de cobertura referido a la relación entre el volumen de matrícula atendida con respecto del grupo de edad de referencia: 18 a 22 o 19 a 23 años.

El Programa Sectorial de Educación 2007-2009 define una meta de cobertura de 30 por ciento, mientras que la meta de alcanzar un nivel de gasto público en educación superior de al menos 1 por ciento del PIB ha sido formulada, en forma recurrente, desde hace más de veinte años. Como hemos mostrado en este mismo espacio, para alcanzar el nivel de cobertura programado se requiere que el sistema en su conjunto agregue cada año aproximadamente cien mil estudiantes. Para lograr tal meta se requiere, por un lado, que las instituciones del sector público generen nuevas plazas escolares, que se mejore la retención de estudiantes, y los gobiernos, el federal y los estatales coadyuven con recursos para crear nuevas instituciones en todo el territorio nacional.

Para mantener el ritmo de crecimiento de la matrícula del sector público —aproximadamente 65 mil espacios adicionales cada año— es esencial sostener varias estrategias: la ampliación de lugares en las instituciones existentes, la creación de nuevas IES, la ampliación del número de becas del Pronabes para asegurar condiciones de retención de la población económicamente más necesitada, y la consolidación de las opciones de educación superior abierta y a distancia conducentes a un título profesional. Se requiere también que el sector privado sostenga su ritmo de expansión —más de 30 mil espaciones por año— obviamente sin desmedro de un mínimo de calidad aceptable. Si ocurren estos supuestos, es razonable alcanzar el escenario en el tiempo previsto. La anunciada recesión económica coloca, sin embargo, en condición de riesgo las hipótesis de expansión: ¿habrá recursos públicos suficientes para mantener el crecimiento del sistema público?, ¿el sistema privado logrará conservar su marcha en un escenario de disminución del poder de compra de las familias? En este nivel, el escenario ciertamente es complejo. Se suma, por otra parte, un factor aún más incierto: la posibilidad de que ocurra un reflujo migratorio de mexicanos que viven en EU. ¿De qué tamaño?, nadie lo sabe con certeza, pero es posible que su volumen sea suficiente para alterar el tamaño del grupo de edad que se toma como referencia al calcular la cobertura.

Asimismo, el indicador de gasto en educación superior como proporción del PIB puede deparar algunas sorpresas. De hecho, la reciente redefinición metodológica para el cálculo de este indicador, adoptada por el INEGI en abril de 2008 (véase: INEGI, Actualización del sistema de cuentas nacionales 2003) dio lugar a una significativa caída en todos los indicadores relacionados al PIB. No es para menos, con el nuevo método, el PIB de 2006 y 2007 aumentó en 12.5 por ciento.

Alejandro Márquez publicó recientemente en El Financiero (17/10/08) un artículo titulado “La insoportable levedad del dato”, donde comenta los efectos del ajuste metodológico sobre el gasto educativo del país. Según Márquez, gracias a la nueva metodología de cálculo, el gasto público total en educación cayó (en 2007) de 6.9 por ciento a 6.0 por ciento.

En el nivel de educación superior, con los antiguos valores (serie PIB con base 1993) se estimaba que hacia 2007 el gasto federal correspondiente, incluyendo actividades de investigación científica, alcanzaba una proporción de 0.85 por ciento, sin incluir dichas actividades 0.55 por ciento. Con los nuevos datos, los indicadores para ese año se ajustan a la baja: 0.75 por ciento y 0.50 por ciento, respectivamente.

La iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 asignó a la educación superior un total de 70 mil 600 millones de pesos, sin contar investigación científica. Ese monto, dividido entre la expectativa de PIB que se tenía al momento de formular el proyecto (septiembre 2008), era equivalente a 0.54 por ciento, pues el PIB nominal estimado a 2009, con un supuesto de crecimiento de la economía nacional del orden de 3 por ciento, equivalía a más de trece billones de pesos. La ANUIES solicitó una ampliación de 12 mil 350 millones de pesos, los que, sumados al monto indicado por Hacienda, llevarían el indicador hasta 0.63 por ciento.

Probablemente cuando aparezca este artículo ya se sabrá la cantidad de recursos federales que la Cámara de Diputados haya acordado incrementar para la educación superior. Tal vez una cantidad entre cuatro mil y seis mil millones de pesos adicionales; con suerte algo más. Lo curioso del caso es que la expectativa de crecimiento económico de México para 2009 se ubicará, según el consenso de los expertos, entre 1 y 2 por ciento como máximo, y hay quien sostiene que menos de 1 por ciento. Si eso ocurre, como es predecible, el PIB nominal disminuirá y se incrementará, en consecuencia, la proporción relativa de gasto educativo sobre el valor económico de referencia.

Es la magia de los indicadores: los efectos de la crisis pueden repercutir en una disminución de la cobertura aunque no decaiga la oferta, y en un aumento relati-vo del gasto público en educación superior, causado por la contracción del PIB y no por un aumento significativo de los recursos. Hay que estar pendientes.