Los resultados de la jornada electoral del domingo pasado, si bien no fueron sorpresivos, implican una nueva correlación de fuerzas en la escena política nacional. En particular, en el ámbito legislativo federal, en los 14 congresos estatales que renovaron bancadas, así como en las seis entidades federativas en que se eligieron nuevos gobernadores. A reserva de conocer los resultados finales de las entidades federativas, todo lleva a pensar que en el ámbito federal y en los estados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá condiciones de acción y de negociación para incidir en el rumbo político del país en prácticamente todas las áreas y niveles de decisión del gobierno.
En juego está, no hay que olvidarlo, la posibilidad de que el PRI retome a partir de 2012 la Presidencia de la República. Ello dependerá no sólo de la actuación de sus legisladores y gobernadores, sino del tejido de alianzas y de la construcción de proyectos que consigan articular en los próximos años. La necesaria acumulación de fuerzas para disputar la titularidad del Ejecutivo y la mayoría del Congreso dentro de tres años enfrenta al PRI a la tarea de concertar con múltiples actores y grupos de interés la idea de un proyecto nacional distinto y renovado.
Para el Partido Acción Nacional (PAN), el escenario que se abre es extraordinariamente complejo. Para apoyar las iniciativas del Ejecutivo en la Cámara, se verá obligado a una constante negociación con todas las fuerzas opositoras, desgastando en el proceso la opción de preservar su posición como fuerza política dominante en la estructura de gobierno. Y la izquierda se verá obligada a optar entre una fragmentación políticamente destructiva, inviable en la disputa presidencial, o por un acuerdo práctico. En este último escenario el tiempo juega en contra, naturalmente.
Así las cosas, el nuevo escenario ofrece oportunidades y riesgos para todos. En el caso del sector universitario, la más próxima y significativa señal estará marcada por las decisiones que se tomen respecto del presupuesto 2010, cuya iniciativa se entregará a la nueva Cámara de Diputados el próximo septiembre.
A estas alturas, las previsiones sobre las finanzas públicas del próximo año son francamente desalentadoras. Las estimaciones más conservadoras sobre la caída del PIB nacional en 2009 se ubican en torno de la cifra de -5 por ciento y la eventual recuperación del precio del petróleo no parece ser suficiente para paliar el déficit previsto. No está a la vista una solución fiscal que tuviera efectos inmediatos, y las reformas del régimen de pensiones (IMSS e ISSSTE) difícilmente contribuirán a revertir, a corto plazo, el escenario negativo. Está muy difícil, para acabar pronto.
La cuestión es: ¿se decantará la Secretaría de Hacienda por la disminución del presupuesto para educación superior, a sabiendas del riesgo de legitimidad que implica golpear al sector universitario, o bien optará por abrir vías de negociación para concertar alguna solución mutuamente satisfactoria en la medida de lo posible? En los últimos años, la instancia generadora del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ha optado por respuestas exclusivamente técnicas, es decir, por ofrecer una base de recursos acorde a la perspectiva anual de ingresos fiscales sin preocuparse por el efecto político de las decisiones. En todo caso, dejando a la dinámica del debate parlamentario el margen de decisión sobre aumentos o recortes al gasto público.
Cada año, ello ha obligado al cabildeo del sector universitario con los legisladores y con la SEP sólo para mantener una tendencia de aumento presupuestal acorde con las proyecciones de crecimiento de la matrícula y para satisfacer objetivos de mejora de calidad acordes con el programa sectorial. ¿La fracción del PAN apoyará, en su caso, la iniciativa de Hacienda o respaldará a las universidades en la negociación?, ¿la mayoría del PRI se pondrá la camiseta del Ejecutivo o la de las instituciones de educación superior para mejorar el presupuesto?
Estos dilemas, cuyo desenlace indudablemente marcará rumbo en la construcción de las alianzas entre los partidos y las universidades, tendrán también presencia en los congresos de los estados. Conviene recordar que la tendencia de los últimos años ha sido una creciente participación de los ingresos de los estados en el financiamiento de las instituciones estatales de educación superior. Por lo tanto, aquellos ejecutivos estatales que respalden con mayor intensidad el financiamiento de sus instituciones de educación superior y de investigación científica conseguirán el rédito político en juego.
Con toda su importancia, el financiamiento no es la única carta en el tapete. Están también las posibles reformas normativas. Hay, cuando menos, dos pendientes: la de la educación media superior, cuya ratificación en el Senado no se ha hecho, que haría obligatorio este nivel de estudios, y el grupo de iniciativas (en curso de dictamen en la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados) que se refiere ya sea a la aprobación de una ley de educación superior o bien a la reforma de la Ley de Coordinación de la Educación Superior en aspectos que competen a la regulación de las universidades privadas, a la coordinación intrasectorial y a los procesos de evaluación de instituciones y programas.
En la pasada legislatura estos proyectos quedaron encaminados, pero su resolución pendiente. ¿Los retomarán los nuevos legisladores para incidir en el rumbo de la educación superior o preferirán omitirlos? No es fácil anticiparlo porque, esta vez, en el cálculo político entrará el tema de las nuevas alianzas ya apuntado.
Sin sobrestimar la importancia de la educación superior y la investigación científica del país en el tablero de la política nacional, lo mínimo que puede apuntarse es que para los partidos, en general, y para las fracciones legislativas, en particular, la construcción de vínculos que favorezcan a las instituciones de educación superior puede ser un factor estratégico en el camino hacia 2012. Viceversa, omitir este aspecto implicaría desaprovechar una gran oportunidad.
