Según datos recientemente dados a conocer por el INEGI (22 de julio 2009), la cifra total de desempleados en México ha alcanzado la cifra de 2.4 millones de personas, lo que equivale al 5.2% de la población económicamente activa. El actual sexenio se inició con un volumen de desempleados del orden de 1.7 millones de individuos (3.9 por ciento de la PEA), lo que significa que en la actual administración se ha generado un déficit de al menos setecientos mil puestos de trabajo. Si se contrasta con el volumen de desempleo del año 2000 (menos de un millón de desempleados, o 2.5 por ciento de la PEA), todo lleva a pensar que el presente decenio será calificado, con los matices del caso, como una década perdida para el empleo.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo informa que en el último año, de junio de 2008 al mismo mes de 2009, la tasa de desempleo ha crecido casi un cincuenta por ciento al avanzar de 3.5 a 5.2. El crecimiento del desempleo masculino manifiesta una tendencia de crecimiento superior al desempleo de mujeres y es significativamente más intensa la dinámica de desempleo en las áreas urbanas que en las rurales. Sin duda, los datos del periodo anual reflejan el impacto en México de la crisis económica global, pero también revelan uno de los retos más complejos, por sus implicaciones económicas, sociales y políticas, que tendrá que confrontar el régimen en la segunda mitad del actual periodo presidencial.
Aún contando con una dinámica de revitalización económica de corto plazo, lo que en buena medida depende del contexto externo, la recuperación del sector laboral, en lo que se refiere a la reposición de puestos de trabajo, el acceso al sistema de prestaciones sociales y la recuperación salarial, suele ser un proceso de más larga duración. Toda vez que la crisis del sector financiero ha contaminado a los sectores de la “economía real”, es decir a la producción agrícola, las manufacturas y los servicios, las condiciones para superar la adversidad del presente sobrepasan los límites de las políticas públicas centradas en el control de variables macroeconómicas (inflación, paridad cambiaria, déficit público) o el estímulo de la inversión productiva mediante instrumentos fiscales.
En este escenario, el desempleo de los más educados es particularmente desalentador. Según comunicó hace unos meses el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, durante la presentación de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) de la ANUIES (10 de febrero de 2009), el desempleo entre los recién egresados ascendía a 11 por ciento, es decir el triple de la tasa general de ese momento y casi el doble de la tasa de desempleo de profesionistas. Además, señaló Tuirán, más de la mitad de los recién egresados que logran colocarse en un puesto laboral, perciben ingresos a todas luces insuficientes (tres salarios mínimos o menos) y al menos una cuarta parte no tiene prestaciones sociales ni contrato.
Para complicar la situación, los datos más recientes del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondientes al primer trimestre de 2009, hacen notar que por encima del treinta por ciento de todos los profesionistas empleados se ocupan en actividades diferentes a las de su perfil de formación. En el área de las disciplinas económico-administrativas (que es mayoritaria en la distribución por campos profesionales), más del cuarenta por ciento de los profesionistas labora en ocupaciones distintas a sus estudios.
De esta suerte, el desempleo, subempleo y la precarización del trabajo profesional, especialmente entre los más jóvenes, debiera ser una aguda señal de alerta que lleve a la revisión tanto de la política sectorial como de los proyectos de desarrollo de las instituciones de educación superior. Para comenzar, la eventual restricción del gasto público de educación superior no haría sino empeorar el panorama en la medida en que, por una parte, restaría oportunidades de acceso al trabajo a la población más joven. Por otra parte, limitaría las posibilidades de las IES para emprender acciones educativas que mejoren la pertinencia de los estudios y fomente líneas de vinculación más sólidas con el sector productivo. No menos importante, si se desatiende la prioridad de la cobertura se corre el grave riesgo de cancelar las de por sí limitadas expectativas de desarrollo personal de la juventud mexicana.
En otros países, incluso algunos latinoamericanos como Brasil, se ha entendido que la inversión pública en educación superior, ciencia y tecnología es, efectivamente, una buena alternativa para gestar el tipo de cambio estructural esperado, esto es la mejora de la competitividad del sector productivo en la economía global, y en consecuencia la generación de puestos de trabajo afines a la formación profesional avanzada. Esta pauta de desarrollo se articula no con menos, sino con más inversión. Inversión desde luego acompañada de cambios institucionales estratégicos en el conglomerado institucional que tiene capacidad de generar conocimientos, innovaciones y recursos humanos bien formados.
Abrir paso a una renovada política de educación superior, ciencia y tecnología, en la cual las nociones de pertinencia, empleabilidad y vinculación, sean consideradas con la prioridad que debieran tener en las actuales circunstancia es una buena apuesta de futuro. Seguir como estamos, o pensar que se puede hacer más con menos, no nos lleva muy lejos.
