El sistema de universidades de California (UC) es uno de los conglomerados universitarios de mayor peso e importancia académica en la escala mundial. Cuenta con más de 215 mil estudiantes en programas de grado y posgrado, distribuidos en diez universidades públicas de primer nivel. Varias de ellas (Berkeley, Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, Irvine y Davis) figuran entre las primeras cincuenta instituciones clasificadas en la lista mundial del Academic Ranking of World Universities (ARWU). Un total de 56 académicos de este sistema han merecido el premio Nobel, 24 de ellos de 1995 a la fecha.
A pesar de sus fortalezas académicas y su reconocido impacto científico, cultural, político y económico en el contexto nacional, en especial para el estado de California, este sistema universitario atraviesa un momento difícil, que se deriva de la continuidad y agravamiento de la crisis fiscal que ha marcado la gestión del gobernador Arnold Schwarzenegger.
En 2008 el sistema sufrió una reducción del subsidio estatal por 800 millones de dólares. En junio de este año, el gobernador anunció un recorte al presupuesto del orden de 750 millones de dólares. La medida, aunada al anuncio, dado a conocer por el órgano directivo de la UC (The Regents of the University of California), de un incremento en las cuotas escolares para 2010 del treinta y dos por ciento sobre su monto actual. Ello significaría que, en promedio, la matrícula anual superaría el umbral de diez mil dólares, aunque en programas de medicina y posgrados este monto sería ampliamente superado.
En los últimos diez años, los costos de inscripción y colegiaturas en las universidades del sistema se han incrementado por encima del doscientos por ciento. Al presente, en el contexto de la recesión económica estadunidense, nuevos incrementos se aprecian insostenibles para la economía de las clases medias. También como efecto de la crisis financiera, se ha despedido un número de empleados administrativos y de servicios, y se ha dejado de contratar personal académico. Este conjunto de factores ha desencadenado una serie de protestas y suspensión de actividades, así como una intensa campaña de difusión del problema y solicitudes de apoyo a la comunidad académica internacional.
A partir de septiembre se han sucedido diversas formas de manifestación y protesta, en especial de estudiantes inconformes con la situación. La semana pasada el conflicto pareció arreciar con marchas, mítines y tomas de instalaciones en las universidades de Los Ángeles, Santa Cruz y Berkeley. La protesta en Berkeley, el 20 de noviembre, con la ocupación por varias horas del edificio Wheeler Hall, terminó con la irrupción de la fuerza pública y el arresto de 40 manifestantes.
Es cierto que el movimiento no ha alcanzado una escala suficiente para anticipar, por ejemplo, la huelga universitaria. Nadie está conforme con las medidas, ni siquiera las autoridades universitarias que reiteradamente hacen notar que el problema radica en las finanzas y en la conducción gubernamental de California y no en las instituciones. Sin embargo, hasta el momento las movilizaciones no han logrado articular un movimiento de resistencia suficientemente sólido como para abrir una ronda de negociaciones al respecto. Pero, como están las cosas, todo puede pasar.
El conflicto no está resuelto. Las autoridades de la universidad no han dado marcha atrás en la decisión de incrementar drásticamente las cuotas escolares el próximo año. Por ello, no sería extraño que en los próximos meses se repitan y crezcan las expresiones de protesta. Incluso en estos días circula una iniciativa internacional promovida por un colectivo académico (profesores e investigadores) de la Universidad de Berkeley denominado SAVE the university. Esta organización, surgida en julio de este año, se propone la misión de contribuir a “preservar el acceso a la educación, la excelencia en la enseñanza, y la transparencia de las decisiones administrativas.” En el marco del actual conflicto, los académicos de SAVE han circulado una carta para que la firmen académicos de universidades fuera de Estados Unidos que deseen pronunciarse en torno al problema. Entre otros enunciados, la carta contiene el siguiente: “Hacemos una llamado a la administración universitaria de la UC, los gobernadores y funcionarios electos de California, y los votantes de California a tomar medidas inmediatas para preservar la identidad pública de la universidad, incluyendo las tradiciones de la libre facultad de la gobernanza, en el servicio internacional de académicos y académicas la excelencia.
Hasta ahora, la carta del SAVE ha sido suscrita por cerca de 1,500 profesores o investigadores de universidades de todo el mundo. Llama la atención positivamente la solidaridad mostrada por el mundo académico internacional. Los animadores de esta iniciativa han logrado transmitir que se trata de una forma de defensa de la universidad pública, interés que seguramente es compartido más allá de las fronteras estadunidenses. El lector interesado puede consultar esta carta en la página web de la organización: http://www.saveuc.org/petition.php.
