Aunque todavía es temprano para intentar discernir las que pueden ser líneas maestras de la política de educación superior del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, llama la atención la ausencia de señales claras al respecto. Fuera de las muestras de simpatía expresadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo federal a las posturas de la ANUIES contenidas en el documento "Consolidación y avance de la educación superior en México", no hay mucho más sobre la mesa.
Más aún, las escasas referencias en el discurso presidencial a los problemas de la educación en México, la integración del grupo de trabajo que se hará cargo de la SEP en los próximos años, y el monto y composición del gasto público federal 2007, parecen confirmar la suposición de un arranque continuista y de bajo perfil en el sector. ¿Qué dato en el actual panorama dejaría advertir una estrategia de innovación en el campo institucional de la educación superior, la ciencia y la tenología del país? Por lo pronto, ninguno.
Habrá que esperar, está claro, a los resultados del proceso de integración de propuestas que se plasmen tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el respectivo programa de trabajo sexenal de la SEP. Ambos documentos, que deberán articularse y ser difundidos en el curso del presente año, suponen un ejercicio cabal de diagnóstico, planeación y prospectiva. En ellos se verá si, en efecto, existe una voluntad de gobierno para modificar el status quo del sistema educativo superior del país, o bien si, como todo parece indicarlo, se aprecia como suficiente sostener y en todo caso profundizar los lineamientos de política y gestión trazados en las últimas dos décadas.
Una política de corte incrementalista supondría la continuación de los programas gubernamentales asociados a la distribución de recursos extraordinarios no regularizables (FOMES y PROMEP, fundamentalmente), la continuidad de los esquemas de complemento al salario académico mediante estímulos a la productividad y el desempeño, y la insistencia en la planeación estratégica a través de los planes integrales de fortalecimiento institucional (PIFIs). En el mismo sentido, la continuidad y expansión del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) sobre las bases en que éste fue planteado en la administración antecedente.
Como para estos programas fueron aprobados recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año, parece inevitable su continuación en el horizonte inmediato y, por lo tanto, la prosecución de las líneas fundamentales de política educativa ya establecidas y en curso. Además, dado que las propuestas de la ANUIES reconocen la necesidad de mantener dichos programas, la perspectiva de continuidad salta a la vista.
Para cambiar este horizonte sería necesario abrir brecha y perspectiva temporal a propuestas de innovación y reforma de nuevo cuño, concordantes, por ejemplo, con la oferta presidencial de reactivar el mercado de trabajo para ofrecer posibilidaes de colocación a los jóvenes, así como con las vertientes de cambio que se están experimentando en otras latitudes. Nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje y renovadas fórmulas de gestión organizacional y coordinación del sistema parecen necesarias, pero la plataforma sobre la que se pueden construir aún está en espera de definición concreta. Y, desde luego, de los recursos que las den viabilidad.
No obstante las limitadas perspectivas de cambio que es realista avizorar en la coyuntura del presente, hay también la evidencia de algunos factores que pueden incidir en la realidad de la educación superior y presionar sobre la necesidad de reformas e innovaciones. Entre otros conviene traer a colación, en primer lugar, las iniciativas de ley concernientes a la educación superior en trámite legislativo.
Están pendientes de revisión, discusión y eventual aprobación en la Cámara de Diputados algunos proyectos en este sentido: la reforma a la Ley de Coordinación de la Educación Superior, la reforma a la Ley de Profesiones, y varias iniciativas que formulan una nueva Ley de Educación Superior. Sin duda, el debate en el Congreso de estas propuestas, algunas ya aprobadas por el Senado, abriría una interesante dinámica en la escena política en que se inscribe la gestión del sistema.
Otro tanto puede afirmarse de las posibles implicaciones de la eventual reforma hacendaria, tema que sí parece prioritario y hasta urgente en las actuales circunstancias. La eventual transferencia de mayores recursos para la gestión educativa en los estados modificaría, irreversiblemente, el centralismo ejercido por la SEP en materia de política de educación superior. No obstante, a las virtudes de una mayor y más efectiva descentralización conviene contraponer las debilidades de coordinación que adolece el sistema como tal, no sólo entre las unidades del segmento público sino, fundamentalmente, entre los sectores público, autónomo y privado que participan en el sistema.
Otras posibles vertientes de cambio provienen, paradójicamente, de las insuficiencias que actualmente exhibe la administración pública federal para gestionar los procesos de cambio que se han impulsado. Un ejemplo evidente radica en la relativa estrechez de medios (organizativos y financieros) para extender hacia todas las áreas del sistema las prácticas de evaluación, supervisión y acreditación que son apreciadas como instrumentos de aseguramiento de calidad.
En el mismo sentido, la previsible expansión de la demanda de educación superior, la necesidad de nuevos perfiles laborales en función de la dinámica del sector productivo y los servicios, así como la propia experimentación de reformas educativas que se impulsa al seno de las instituciones, aparecen como otros posibles vectores de innovación. Desarrollar una capacidad de anticipación y reacción oportuna a estas vertientes debería ser, en consecuencia, una prioridad para las nuevas autoridades gubernamentales.
