De la mano de la evaluación, los ejercicios de la llamada “rendición de cuentas” tienden a imponerse, en el ámbito de la administración pública, como componentes insoslayables de las prácticas de gestión. La rendición pública de cuentas, así como los procesos concomitantes de supervisión, control, auditoría y transparencia informativa, ocupan en la actualidad un espacio relevante y creciente de las actividades que se realizan en prácticamente todas las áreas administrativas de las instituciones públicas.

El tema de la rendición de cuentas, además, se ha instalado en el debate político nacional como un argumento para ponderar o cuestionar el desempeño gubernamental. Al respecto cabe citar, sin ir más lejos, las recientes declaraciones del presidente Felipe Calderón Hinojosa en el sentido de demandar a los funcionarios de todos los niveles de gobierno una mayor aplicación en este campo. “Basta de opacidad y derroche: reclama Calderón a gobernadores”, cabeceó este diario las declaraciones del primer mandatario en la presentación pública del estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México (Milenio, 07/01/2010).

Aunque llama la atención que las demandas de transparencia y rendición de cuentas sean reclamadas, como en este caso, por el propio gobierno a nombre de la sociedad, lo cierto es que, al menos en las instancias de jurisdicción federal, se ha enfatizado el desarrollo de medios e instrumentos para supervisar, evaluar y visibilizar el desempeño de los programas respectivos. Que tales evaluaciones no hayan alcanzado plena legitimidad en otros ámbitos del Estado es, al parecer, motivo de preocupación del Ejecutivo federal.

En este sentido, el presidente Calderón también señaló: “no deja de ser una paradoja de que quienes más reclaman eficiencia en el uso del gasto público, son también los primeros en destinar mayores recursos a programas que han sido evaluados negativamente como eficientes para distribuir riqueza e impulsar el desarrollo del país, los programas mejor evaluados por el Coneval resultan, luego, castigados en el Congreso y los peor evaluados resultan incrementados en sus recursos” (Noticias MVS, 07/01/2010).

Desde la perspectiva gubernamental, la exigencia de rendición de cuentas se sustenta en dos argumentos diferentes. El primero es de carácter ético: quienes ejercen recursos públicos están obligados a informar sobre su ejercicio para demostrar el buen uso de los mismos. Desde este argumento, la transparencia se sostiene como medio para mejorar la confianza de la ciudadanía en el gobierno. El segundo argumento guarda relación con una concepción acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión pública, es decir, el supuesto según el cual la obligación de conseguir y hacer visibles ciertos indicadores de desempeño son un estímulo efectivo para que las instituciones del sector público actúen en favor del logro eficaz y pertinente de resultados. En suma, un enfoque que privilegia los resultados sobre los procesos, o que subordina los procesos al logro de resultados objetivos, mensurables y visibles.

Este último enfoque proviene de una corriente de reforma de la administración pública que estuvo muy en boga en el ámbito europeo y anglosajón en las décadas de los años ochenta y noventa: la llamada nueva gestión pública (new public management, NPM). Grosso modo, las propuestas centrales de la NPM indicaban la conveniencia de descentralizar áreas de servicios públicos mediante la creación de organismos paraestatales con relativa autonomía de la administración central, también en establecer convenios y contratos con organismos privados para el desarrollo de servicios. Este sentido de descentralización, se pensaba, aliviaría el peso burocrático del gobierno, haría más eficiente la gestión de servicios y concentraría la regulación gubernamental en la supervisión del desempeño de las agencias descentralizadas. El Estado asumiría, desde esta perspectiva, una función básicamente regulatoria, asegurando la eficiencia y calidad de las instancias encargadas de la provisión de servicios, para lo cual se preveían instrumentos de evaluación, aseguramiento de calidad y sistemática rendición de cuentas.

Un balance global de las experiencias de aplicación de la NPM en países desarrollados y subdesarrollados no es conclusivo sobre las ventajas e inconvenientes de las reformas. Quienes se han ocupado del tema señalan, fundamentalmente, “resultados mixtos”, como por ejemplo mejoras en el área de eficacia y límites en el campo de la equidad y la pertinencia en la distribución de los servicios y en las áreas de gestión (véase por ejemplo James y Manning (1996), “Public management reform: a global perspective”, Politics, vol. 16, núm. 3).

Otros comentaristas han hecho notar que, al margen del argumento ético, la generalización de las obligaciones de rendición de cuentas ha generado nuevos circuitos burocráticos que poco o nada tienen que ver con la eficiencia, más bien la obstaculizan. Sobre este punto, vale la pena citar dos textos seminales: el de Haridimos Tsoukas (1997), “The tyranny of light: the temptations and the paradoxes of the information society”, Futures, vol. 29, núm 9; y el de Marilyn Strathern (2000), “The tyranny of transparency”, British Educational Research Journal, vol. 26, núm. 3.

Ambos autores discuten, con argumentos precisos y claros, el costo de descargar en los actores fundamentales del trabajo académico (profesores e investigadores) tareas de evaluación, supervisión y rendición de cuentas que, en todo caso, debieran ser cubiertas por la organización. Debaten también el supuesto de que a mayor información sobre el desempeño en las funciones, mayor conocimiento de los procesos sustantivos. La conclusión es clara: no necesariamente. ¿La rendición de cuentas mejora la eficacia? Vale la pena pensarlo y discutirlo.