Uno de los procesos de cambio que han pautado en los últimos años la reconfiguración de los sistemas de educación superior a escala mundial, ciertamente con mayor incidencia y profundidad en la presente década, es el que suele identificarse como privatización. Tal proceso, referido al campo universitario, no tiene una definición unívoca ni se concreta en un conjunto estrictamente acotado de elementos o rasgos. Su descripción y análisis comprende más bien múltiples dinámicas y presenta acusados matices una vez que se sitúa en marcos temporales y espaciales determinados.
La bibliografía especializada reconoce como excepción los casos en que la privatización de las instituciones de educación superior subsidiadas por el Estado ha seguido la ruta de otras actividades, productivas o de servicios, previamente en manos del sector público, es decir la desenajenación patrimonial de bienes y servicios públicos mediante contratos de cesión, concesión o venta a los particulares.
Apuntan varios autores que, en lugar de la simple colocación en el mercado de las instituciones universitarias y sus servicios —lo que coincidiría con otras privatizaciones de empresas públicas—, ocurre un fenómeno aparentemente contrario: la colocación del mercado, esto es de su racionalidad y su forma de operación típica —la competencia— dentro de los sistemas, instituciones y procesos del ámbito universitario.
Privatización equivale, en este primer sentido, a la acción de impregnar o aún colonizar el espacio público con lógicas de mercado. Este rasgo del fenómeno ha sido reconocido, fundamentalmente, en términos de mercantilización (marketization) de la educación superior pública y caracterizado a través de una amplia gama de operaciones que tienen en común la consecución de propósitos de calidad, eficiencia, eficacia, efectividad, responsabilidad (accountability), impacto (responsiveness), entre otras, que, se presume, hacen factibles o mejoran las condiciones de competitividad del sector en su conjunto, de las instituciones y funciones en lo particular, y aún de los agentes encargados de procesar las actividades universitarias: estudiantes, académicos, directivos y administradores.
Otros estudios apuntan principalmente sobre la comercialización (commodification) de la educación superior pública. Esta perspectiva da cuenta, básicamente, de la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas o complementarias del subsidio público, tales como la venta de productos y servicios, incluidos los de formación, investigación y extensión, pero también mediante la asignación de cuotas monetarias a servicios escolares ordinarios como, por ejemplo, exámenes, uso de instalaciones, enseñanza de idiomas, acceso a internet, entre otros. La externalización (outsourcing) de estos servicios en beneficio de proveedores privados suele acompañar y justificar su presencia y desarrollo.
No menos importante, desde luego, es la vertiente de análisis que da cuenta de la creciente participación del sector privado en el espacio de la educación superior; es decir el incremento de instituciones universitarias privadas y por tanto el desarrollo de una mayor capacidad de cobertura de demanda. La presencia de universidades privadas antecede históricamente a los demás procesos de privatización referidos; por ello es natural que la mayoría de los estudios sobre el tema consideren prioritaria esta dimensión. No obstante, una línea de reflexión renovada se abre a partir de la exploración de relaciones significativas entre la redefinición de las políticas públicas que caracterizan al Estado neoliberal y la presencia de agentes interesados, incluidas corporaciones transnacionales, en el “negocio” de la educación superior.
Un tema directamente relacionado con este enfoque remite al proceso de depauperación del sistema debido a la presencia de intereses extra-académicos, básica pero no exclusivamente el lucro, en el tejido institucional del sistema. Por ejemplo, la reconocida proliferación de establecimientos que, sin una vocación académica clara, cumplen la función de captar demanda escolar no atendida ni por el sector público universitario ni por las instituciones privadas de élite.
Con este marco de referencia, nos proponemos explorar en el caso mexicano, un ángulo de la compleja trama privatizadora: los procesos de reconfiguración del segmento privado que participa en la oferta educativa superior. La aproximación analítica hacia ese punto parte de la hipótesis según la cual los proveedores privados reaccionan, en términos de retos y oportunidades, a la agenda de cambio institucional incentivada por las instancias gubernamentales. Presenta esta cuestión dos caras. Una resulta de las omisiones del sector público en el campo: a medida que el Estado se retira o al menos contiene su presencia en la oferta general de estudios superiores abre espacio, mercado, a la participación de intereses privados. Pero no abdica de su control, lo que revela la otra cara del fenómeno: la respuesta de las instituciones privadas a las reglas de supervisión, control y garantía de calidad mediante las cuales el régimen público ha procurado acercarse al discurso de calidad/competitividad que recubre, y sostiene ideológicamente, la definición de las políticas universitarias de nueva generación.
