Para los mexicanos, éste es un año de pensar y hacer historia en el marco de las celebraciones del Centenario de la Revolución Mexicana y del Bicentenario de la Independencia. La historia que hoy estamos viviendo y construyendo en el país es muy dolorosa. Ubica al país como un territorio peligroso, lleno de maleantes y delincuentes, de gobernantes irresponsables y corruptos, plagado de gente pobre, ambientes degradados y con empresarios dispuestos a hacer negocios, independientemente de que por ello se lacere el patrimonio público. Esta historia, de la cual estamos siendo partícipes y testigos, no puede ser interpretada como coyuntura, sino que parece que proviene de los más hondos preceptos de una ancestral cultura arraigada en el ejercicio del autoritarismo y actualmente está dando muestras de que continúa vigente.
En la historia de México, comunidades, instituciones, empresas, organizaciones e individuos, es decir, las sociedades todas, han estado expuestos al ejercicio violento del autoritarismo. Tenemos que admitirlo: los patrones autoritarios fueron inoculados tempranamente en nuestra historia y cultura y, por siglos, han sido continuamente activados por los gobernantes y las instituciones en turno. Habiendo sido así las cosas, por tantos años, no se ha podido desarrollar una ciudadanía plena y, consecuentemente, hoy la democracia es débil. Lamentablemente, la educación poco ha podido hacer para cambiar esto. En cambio, dirían algunos, incluso ha contribuido a afianzarlas.
En los tiempos que corren, la importancia de combatir el autoritarismo en México es mayúscula. Autores como Nietzsche y Fromm dieron cuenta del círculo vicioso que existe entre autoritarismo, desmoronamiento de lo social, descontrol político y proclividad a la violencia. En 2010 algo tenemos que hacer los mexicanos para que las cosas en el país mejoren. De otra manera, la situación seguirá en declive y se corre el riesgo de que el país y la sociedad se desmoronen. Por su parte, a las universidades públicas mexicanas, particularmente aquellas comprometidas con el proyecto social del país y que son autónomas, se les presenta un enorme desafío. No pueden hacer caso omiso de los hechos dolorosos que están marcando la historia presente de México y a ellas les corresponde participar en la construcción y proyección de otra historia que dignifique al país y ofrezca un mejor futuro a los mexicanos.
No se debe olvidar que las élites del poder en México castigan y aplastan a todo aquel que tenga un proyecto alterno y que incluso pueden lograr desaparecerlos. Esta característica pone en riesgo la existencia misma de las universidades públicas y, por ello, es preciso recurrir a estrategias que, primero, fortalezcan el apoyo y el reconocimiento de la sociedad hacia estas universidades, así como la visibilidad y el prestigio internacional de las mismas. Solamente de esta manera las universidades podrán contender con el autoritarismo del Estado mexicano sin que el riesgo sea enorme. Contando con el apoyo necesario por parte de la sociedad y el suficiente prestigio internacional, podrán mantener no sólo una posición defensiva contra los exiguos presupuestos que se les entregan y las difamaciones y agresiones que se les confieren, por ejemplo, sino también hacer uso del recurso privilegiado que representa tener la capacidad de configurar, presentar y discutir propuestas basadas en la reflexión y el conocimiento. Esta capacidad es la fuente legítima del poder universitario.
Por supuesto, el combate a la cultura del autoritarismo debe comenzar en las universidades mismas. La disciplina y el castigo como técnica didáctica deben erradicarse, colocando al educando en el centro del proceso educativo. Y, sin duda, el otro desafío en las universidades públicas lo constituye el fortalecimiento, o en su caso inclusión, de mecanismos de gobierno participativos y democráticos, porque lo cierto es que, al respecto, queda mucho por hacer en estas instituciones. Con todo, la posibilidad de que las universidades públicas contribuyan realmente a erradicar el autoritarismo que habita actualmente en la cultura mexicana se encuentra en el cabal ejercicio de la autonomía.
Es necesario dejar bien claro que la universidad pública no es un rehén del Estado; se debe ampliar y orientar la discusión política hacia temas de vital importancia para el debate y la definición de la vida y del proyecto de país y de la sociedad, temas sobre los que el gobierno considera que sólo a él le corresponde decidir.
La propuesta: antes de que termine este año en que celebramos las dos gestas históricas más importantes de nuestra nación, las universidades públicas mexicanas, en conjunto, habrían de exigir que el gobierno reconozca que representan un interlocutor legítimo, necesario y permanente en la definición del proyecto de país. Habrían de llevarse a cabo acciones que reposicionen a estas instituciones como agentes estratégicos en las relaciones entre el sistema político y la sociedad. Lo urgente es conformar una agenda de temas relacionados con los problemas más apremiantes y con las demandas y reclamos de la ciudadanía. Lo siguiente será convocar a expertos, conocedores e interesados, nacionales y extranjeros, a dialogar y plantear cuestionamientos y propuestas. El compromiso explícito, y siempre respetado, deberá ser con la democracia, el bienestar social y el antiautoritarismo. Todo esto en el marco del logro de la pertinencia y de la calidad del quehacer universitario y de las funciones académicas.
Estamos en un momento de la historia de México que es doloroso, y hasta penoso. Sin embargo, es tiempo de dar batallas y de mostrar que las universidades públicas son sujetos históricos, y de ahí su autonomía, capaces no sólo de investigar y transmitir la historia, sino de participar en ella para lograr que dé giros.
