El pasado lunes 14 de febrero el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la firma de un decreto “para que las personas físicas puedan deducir el pago de las colegiaturas de preescolar, de primaria, secundaria y educación media superior de su correspondiente Impuesto Sobre la Renta”. El discurso del jefe del Ejecutivo aclara que la aplicación de la medida se llevará a cabo en el momento de presentar la declaración anual correspondiente a 2011, lo que significa que el impacto fiscal correspondiente tendrá lugar hasta el año que entra, por cierto el último del actual gobierno.
Como era de esperarse, la medida ha sido aplaudida por unos y cuestionada por otros. El primer grupo es encabezado por los organismos empresariales (fundamentalmente Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial), por asociaciones de padres de familia del sector privado (la Unión Nacional de Padres de Familia) y, desde luego, por los legisladores del PAN. Entre los críticos se cuentan la mayor parte de los especialistas en temas educativos, los partidos de oposición, particularmente el PRD, y varios líderes de opinión, destacadamente el rector de la Universidad Nacional.
La postura favorable hace notar que la medida contribuirá a que un sector de la población, el que paga impuestos, los declara y tiene a sus hijos en escuelas privadas, resultará beneficiado. Además, se insiste, la deducibilidad será un incentivo para que la iniciativa privada participe con mayor presencia y seguridad financiera en el ámbito educativo. La postura crítica cuestiona, en esencia, el uso de recursos públicos para favorecer al sector privado en un área, la educativa, con carencias de calidad, infraestructura y recursos humanos evidentemente limitados.
Más que llamativa, en este contexto, ha sido la postura adoptada por la dirgencia del SNTE. En un comunicado suscrito por la propia Elba Esther Gordillo, publicado en el portal del sindicato el mismo día del anuncio presidencial, se indica: “ante la dura realidad que experimentan millones de mexicanas y mexicanos: el agobio de la inseguridad, la carencia de empleos y la sensible pérdida del poder adquisitivo del salario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entiende que esta decisión puede coadyuvar a mejorar la situación económica de un segmento de nuestra sociedad”.
¿Qué lectura política puede hacerse del pronunciamiento sindical? Básicamente que la propuesta de deducibilidad fiscal no afecta el compromiso del gobierno federal con el gremio magisterial. Es decir, que la alianza vive y respira, por más que el Ejecutivo brinde apoyo a otros actores del campo educativo, como es evidentemente el caso del sector privado.
Uno de los ángulos del tema que pueden dificultar, aunque no necesariamente impedir, la eventual aplicación de la reforma radica en el terreno parlamentario. Aunque es atribución de la Presidencia decretar reformas de ley, quizá hubiera sido deseable, para alcanzar un grado de consenso satisfactorio, someter la iniciativa a las Cámaras, por ejemplo en el debate sobre la próxima Ley de Ingresos de la Federación. No se hizo así, y por ello no extrañan los señalamientos sobre el carácter electorero de la medida.
Por otra parte, el discurso presidencial en que se anuncia la deducibilidad de las colegiaturas en los tipos y niveles educativos de preescolar a media superior, añadió una posible opción a futuro. Señaló al respecto el presidente Calderón: “en cuanto a la educación superior, en fecha próxima anunciaré también un programa de crédito escolar que fortalecerá los actuales esquemas de financiamiento y de becas para estudiantes de ese nivel educativo”.
Sobre este último punto conviene traer a cuento un antecedente. En 1998 el Banco Mundial aprobó un proyecto enfocado al financiamiento de la educación superior privada en México. Se contrataron dos créditos, uno para financiar la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (Sofes), establecida en 1996 por un consorcio de cuarenta IES agrupadas en la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y el segundo para la creación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora (ICEES). El crédito para la Sofes (por 180 millones de dólares) contó con el aval del gobierno federal por medio de Banobras, y el correspondiente al ICEES (1.5 millones de dólares) con apoyo del gobierno de la entidad. Ambos créditos fueron finiquitados en 2006.
En más de una década de operación, Sofes ha alcanzado un umbral de cobertura en torno de 30 mil estudiantes acreditados. A pesar de que el número de créditos solicitados y otorgados muestra una tendencia de incremento gradual y sostenido, lo cierto es que el segmento de usuarios de esta fórmula es apenas una fracción de la demanda potencial. Los estudiantes con acceso al crédito Sofes representan sólo 3 por ciento de la matrícula privada de educación superior y en torno de 15 por ciento de la matrícula de las universidades asociadas.
El informe del Banco Mundial que reporta la trayectoria del proyecto señala, por un lado, que Sofes ha tenido un desempeño satisfactorio en el cumplimiento de sus objetivos y en la satisfacción de sus obligaciones ante el organismo financiero multilateral. Pero también identifica y subraya las limitaciones de crecimiento que se enfrentan. Dice al respecto: “la continuidad de Sofes es promisoria pero difícil (…) La SEP podría desempeñar un papel en el proyecto, facilitando recursos públicos adicionales para asegurar su sustentabilidad financiera, dado que, según la experiencia del Banco Mundial, ningún proyecto de crédito educativo a gran escala ha logrado desarrollarse sin el soporte público requerido” (World Bank, Implementation, completion and results on a loan in the amount of 180.2 million to Banobras with the guarantee of the United Mexican States for a higher education financing project, 2007, pp. 20-21).
¿Cuál es entonces el proyecto de la Presidencia? ¿Apoyar la Sofes para que ésta cuente con una renovada perspectiva de crecimiento? ¿Crear un nuevo mecanismo? ¿Abrir paso a los vouchers?
