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Por qué Graue
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm. 820, pp. 5 [2019-10-03]
 

Inició la UNAM el proceso conducente a la designación de la persona que tendrá a su cargo la Rectoría de la institución durante los próximos cuatro años. La transición se inició el 26 de septiembre con la publicación de un comunicado de la Junta de Gobierno (JG), órgano encargado de conducir y procesar la designación, en que se informan las instancias y fechas para escuchar a los interesados en respaldar candidaturas y expresar puntos de vista.

La consulta directa de la JG, a través de cinco comisiones de audiencia, está prevista del 27 de septiembre al 31 de octubre. Además de esa forma de presentación, se ha dispuesto la posibilidad de enviar opiniones escritas individuales o colectivas debidamente identificadas. Los interesados en postularse al cargo tienen la obligación de entregar a la JG su currículum vitae, semblanza profesional, así como su proyecto de trabajo en versión extensa y ejecutiva. La fecha límite para la entrega de documentos es el 7 de octubre y serán publicados el día siguiente en la página web del órgano electoral.

El 24 de octubre la JG dará a conocer la lista de quienes, entre los postulados, considera los más adecuados al cargo. La JG convocará a los candidatos nominados a entrevistas individuales con el pleno a partir del 4 de noviembre, al término de las cuales podrá tomar una decisión colegiada y hacer la designación correspondiente. En el lapso entre las dos fechas la UNAM facilitará a los candidatos sus medios de comunicación para que presenten al público sus programas de trabajo.

Hasta hoy tres académicos han revelado su intención de participar en el proceso. El primero, el actual rector de la Universidad, Enrique Graue Wielchers, quien tiene derecho a ser reelecto para un periodo más. También se han pronunciado el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, y la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Angélica Cuéllar Vázquez. Por ahora sólo ellos tres. Es probable que en los próximos días se expresen públicamente más nominaciones y acaso algunos descartes.

¿Debe la JG favorecer la continuidad del rector en funciones o más bien buscar opciones de renovación? La cuestión es de particular interés si se toma en cuenta el contexto en el que ocurre este proceso. Un primer referente para considerar es el entorno que representa el cambio de gobierno nacional y las políticas que, en distintas materias, se han venido impulsando, en particular las correspondientes a la educación superior y al sector científico y tecnológico.

Hasta el momento la UNAM, bajo la rectoría de Graue, ha conseguido un saldo favorable: la negociación de su presupuesto para los años 2019 y 2020 no sufrieron recorte, no fue castigado el salario y las prestaciones del personal académico, ni se ajustaron a la baja los programas institucionales en materia de docencia, investigación, difusión cultural y extensión. La UNAM, a diferencia de otras universidades públicas autónomas, presenta un estado financiero sólido, que no compromete sus posibilidades de operación y desarrollo en el futuro próximo. En los últimos años ha sido sometida a varios ejercicios de revisión por la Auditoría Superior de la Federación y los ha superado exitosamente.

No por ello se ha abstenido la institución de cooperar con otras universidades públicas para evitar los intentos gubernamentales de limitar las asignaciones presupuestales del sector. Por el contrario, hizo gestiones con la Anuies, la SEP y ante el Congreso de la Unión para revertir, hasta donde fue posible, decisiones de austeridad en el gasto universitario y en el correspondiente al sector de ciencia y tecnología.

¿La aproximación de la rectoría universitaria al gobierno de la República se ha traducido en una pérdida o limitación de la autonomía? No hay evidencia en ese sentido, más bien al contrario. La Universidad ha conseguido que la renovación de los cargos del gobierno interior proceda conforme a las reglas y los procedimientos institucionales, al menos en su expresión formal. Tampoco es evidente una injerencia gubernamental en las decisiones para abrir nuevos campus, carreras y posgrados, o bien en determinar el contenido y las prioridades de la agenda de investigación y difusión de la institución.

En este sentido, no parece ser una mala apuesta, sino lo contrario, la continuidad de una rectoría que se ha mostrado con capacidad de diálogo con las autoridades federales relevantes sin perder la brújula de la autonomía. Ello califica, desde mi punto de vista, a la candidatura del rector Graue como ventajosa para la institución en términos de su demostrada capacidad de actuación en el actual contexto político.

El segundo referente es interno y está directamente relacionado con la percepción de las comunidades universitarias sobre el rector Graue y su desempeño durante su primer periodo de rectoría. Ninguna universidad del tamaño de la UNAM puede considerarse como un todo integrado y homogéneo desde el ángulo de las orientaciones ideológicas y políticas que se expresan en su interior. Las fuerzas que apoyen al rector Graue y las que se opongan a su candidatura tendrán su momento de expresión. No está a la vista ni un gran descontento ni unanimidad absoluta en torno a su postulación. El balance de esas fuerzas será sin duda un factor determinante en la decisión que tome la JG. Pero, salvo un cambio súbito de dirección en las preferencias e intereses de los principales grupos universitarios, todo parece indicar que la reelección es posible y muy probable.


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