La responsabilidad nacional sobre las políticas científicas y tecnológicas, según lo establece el marco normativo vigente, son del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI). Sin embargo, no es nada menor el papel reservado para los legisladores y su probable influencia en las decisiones.

Hasta ahora, el Consejo General es el máximo órgano de política y coordinación del sector, presidido por el ejecutivo federal y en el que participan secretarios de Estado, representantes del sector académico, social y productivo.

A su vez, el Consejo General tiene una secretaría ejecutiva que es asumida por quien ocupa la titularidad del Conacyt, así que este último ejecuta y se encarga de implementar lo que decide el primero. Algunas decisiones incluyen el diseño del programa sectorial, el anteproyecto de presupuesto consolidado o los informes periódicos.

Esto es, el gobierno federal tiene la principal responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de la política científica y tecnológica. Sin embargo, no es el único. Además de los representantes de instituciones académicas, sociales y productivas que participan en el Consejo General, el Congreso de la Unión también tiene una responsabilidad.

La Cámara de Diputados es el poder que aprueba o no el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sí, ese documento que en el primer año de cada sexenio debe precisar los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo, tanto como la previsión de recursos y las responsabilidades para su ejecución.

¿Usted recuerda el PND publicado el pasado mes de julio? Es el documento de planeación de carácter histórico porque “marcará el fin de los planes neoliberales” y un deslinde del “lenguaje oscuro y tecnocrático”, se anotó. Ahí también quedó registrado que el desarrollo económico alcanzará una tasa de crecimiento para el final del sexenio de 6 por ciento, como también el anuncio de que promovería la investigación científica y tecnológica. Pero, ciertamente, no incluyó propiamente objetivos, ni indicadores, menos programación de metas.

El PND, ese documento que aprobaron los diputados, también formó parte del desencuentro que llevó a la renuncia de Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda de esta administración, porque, dijo el ahora exfuncionario “no se puede escribir a vuela pluma un Plan Nacional de Desarrollo” y, en su opinión, lo que ahora tenemos no es un plan.

Los diputados tienen atribución para verificar que el PND incluya los fines contenidos en la Constitución e incluso regresar el documento al ejecutivo federal para que realice las adecuaciones y lo presente de nueva cuenta (tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Planeación).

Los legisladores son los primeros responsables del diseño o modificaciones al marco normativo de la educación y la ciencia y la tecnología. El caso más reciente es la reforma del artículo 3º constitucional y la promulgación de las correspondientes leyes reglamentarias. Nada más.

Además, no menos importante, son los diputados los que, año con año, ratifican o no el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que les remite ejecutivo federal. Las decisiones que toman los diputados sobre el volumen y la distribución de los recursos públicos, marca el derrotero de miles de programas y de millones de beneficiarios. Por cierto, al final de la semana próxima deberán estar listo el presupuesto del año 2020.

Otra función y responsabilidad del Congreso se ha hecho más evidente en esta legislatura: los puntos de acuerdo para conminar al ejecutivo federal sobre algunos asuntos de interés público. Las expresiones no tienen un carácter vinculante, pero tal vez continuarán multiplicándose, quedarán en el registro de la opinión pública y sus efectos podrían expandirse.

Legisladores de oposición han presentado a lo largo de este año más de una veintena de propuestas de puntos de acuerdo para hacer exhortos al Conacyt en diferentes asuntos. Por ejemplo, para que el organismo no suspendiera ninguna convocatoria de las que estaban en marcha, para realizar asignaciones extraordinarias para compensar los recortes a las becas de posgrado, para el pago de becarios en el extranjero, para apoyar a los equipos de las olimpiadas de física y matemáticas y para habilitar los recursos financieros que le corresponden al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. O bien para que se otorguen más recursos al sector de ciencia y tecnología, entre otras.

No todos los puntos de acuerdo tuvieron respaldo en el pleno y varios fueron desechados. Sin embargo, todos tuvieron visibilidad pública. Incluso, ahora, el Congreso de la Ciudad de México se ha sumado a los exhortos. En su sesión del pasado 31 de octubre fue aprobado un punto de acuerdo para solicitar a los titulares de Conacyt y del SNI un informe en donde se “expongan detalladamente las razones que dieron lugar a la destitución del Dr. Antonio Lazcano” (Gaceta Parlamentaria. No. 245. 31.10.2019)

No obstante, la confianza de los ciudadanos en los legisladores es muy baja. Tal vez les llegó la hora de intentar revertir su imagen y adquirir mayor relevancia.

Pie de página: ¿ya están los puntos de la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología?